Los mineros de Súria rechazan los despidos anunciados por la empresa, de capital israelí

Josep Piqué era el titular del Ministerio de Industria y Energía cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió privatizar el Grupo Potasas en favor del grupo israelí Dead Sea Works, productor de potasas en el Mar Muerto. Piqué no era partidario de esa oferta, pero sí lo eran el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subirà, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Al final Piqué cedió seducido por el compromiso de los israelíes de mantener el empleo en las minas de Súria y Sallent durante tres años.

La SEPI acabó decidiéndose por Dead Sea W...

Josep Piqué era el titular del Ministerio de Industria y Energía cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió privatizar el Grupo Potasas en favor del grupo israelí Dead Sea Works, productor de potasas en el Mar Muerto. Piqué no era partidario de esa oferta, pero sí lo eran el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subirà, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Al final Piqué cedió seducido por el compromiso de los israelíes de mantener el empleo en las minas de Súria y Sallent durante tres años.

La SEPI acabó decidiéndose por Dead Sea Works el 21 de diciembre de 1998 y se descartaron las ofertas de Fertiberia (Juan Miguel Villar Mir), asociado con Mines de Potasse d'Alsace, y de un grupo de directivos de Súria K y Potasas del Llobregat. Los israelíes tomaron la empresa el 1 de enero de 1999, al frente de un consorcio en el que tenían el 60%, junto con La Seda (20%) y Tolsa (20%). Los tres socios pagaron 17.200 millones de pesetas por el Grupo Potasas (Súria K y Potasas del Llobregat). Las pérdidas de 1998 y 1999 continuaron en 2000, que arrojó un saldo negativo de 1.900 millones de pesetas.

A partir de ahí, los nuevos directivos, encabezados por Roberto Hecker, consejero delegado de Iberpotash, diseñaron un plan industrial que respetaba, e incluso ampliaba, las inversiones comprometidas en el acuerdo con la SEPI (18.000 millones en el periodo 1999-2003), pero para seguir poniendo dinero en Iberpotash el ahora accionista único de la compañía exige compromisos para reducir la plantilla.Y con ello ha llegado el conflicto.

Dead Sea Works compró a La Seda y Tolsa el 40% del capital que no poseía y está dispuesto a hacer fuertes inversiones (13.000 millones de pesetas) en potenciar el pozo número 2 de Súria (Cabanasas), la explotación más rica pero más pequeña de Súria. Su plan es 'realizar estas inversiones para que en diciembre de 2002 haya doblado su capacidad de producción y mejorado la calidad de la potasa extraída y entonces cerrar el pozo número 4', afirma Hecker.

'Reconozco que no es muy común, pero es absolutamente legal presentar un expediente de regulación de empleo para que tenga efectividad en enero de 2003', afirma Hecker. Los sindicatos creen que aprobar la regulación 18 meses antes de ser efectiva merma sus garantías laborales.

'Nosotros queremos hacer un gran cambio industrial en Súria para asegurar su futuro, evitar sobresaltos y, sobre todo, garantizar el empleo de los 750 mineros que no se ven afectados por el expediente', dice Hecker. Empresa y sindicatos no llegaron a discutir el plan industrial que propone la dirección y los sindicatos se enrocaron en la discusión sobre el incumplimiento de las condiciones de privatización con la SEPI. El organismo público español incluso dirigió una dura carta a Dead Sea Works en la que le advertía de que vetaría cualquier regulación del empleo que se comprometieron a mantener.

Según el consejero delegado de Iberpotash, no se producirá ningún incumplimiento, a pesar del expediente de regulación de empleo, 'ya que en enero de 2002 se habrá cumplido el plazo de tres años de mantenimiento de empleo que se acordó con la privatización'.

Los sindicatos se han movilizado, primero en Súria y luego en Barcelona, y han arrancado de la Generalitat un compromiso para hacer reflexionar a Dead Sea Works sobre la conveniencia de la regulación. Entre sus planteamientos, los sindicatos aluden al retraso del plan de inversiones previsto hasta este momento. CC OO cuestiona también que la compra del Grupo Potasas se hiciera a costa de endeudar la empresa española, con su correspondiente repercusión en la cuenta de resultados negativa, casi 1.000 millones de gastos financieros, según el sindicato.

Las relaciones entre Dead Sea Works y la SEPI no son buenas. Los israelíes demandaron a la SEPI por considerar que el balance de la privatización incluía 'activos inexistentes', por lo que reclamaba el pago de una indemnización de 2.834 millones de pesetas. La SEPI ganó el procedimiento, que Dead Sea Works ha recurrido ante la Audiencia de Madrid.