Rambla dice que es legal el endeudamiento de la Generalitat

La Generalitat ha evitado pedir la autorización del Gobierno central para todas las operaciones de endeudamiento practicadas desde octubre de 1998, según se desprende de la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el senador socialista Segundo Bru. La deuda pública de la Comunidad Valenciana ha crecido en ese periodo más de 290.000 millones de pesetas, pero Vicente Rambla, consejero de Hacienda, reiteró ayer que 'todas las operaciones de endeudamiento concertadas por la Generalitat Valenciana desde 1995 se ajustan a la legalidad vigente'.

Rambla aseguró que la respuesta del ...

La Generalitat ha evitado pedir la autorización del Gobierno central para todas las operaciones de endeudamiento practicadas desde octubre de 1998, según se desprende de la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el senador socialista Segundo Bru. La deuda pública de la Comunidad Valenciana ha crecido en ese periodo más de 290.000 millones de pesetas, pero Vicente Rambla, consejero de Hacienda, reiteró ayer que 'todas las operaciones de endeudamiento concertadas por la Generalitat Valenciana desde 1995 se ajustan a la legalidad vigente'.

Rambla aseguró que la respuesta del Gobierno ha sido malinterpretada y aludió a una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas introducida en diciembre de 1998, según la cual las operaciones de crédito realizadas en euros no requieren de autorización previa por parte del Gobierno. Un asesor del Ministerio de Hacienda esgrimió un argumento similar.

Pero el socialista Segundo Bru recordó que el euro es la moneda oficial del Reino de España desde el 1 de enero de 1999 y subrayó que tanto la revisión de los plazos de amortización de la deuda como los avales concedidos a empresas públicas requieren el permiso del Consejo de Ministros. Bru sugirió que el Consell ha evitado solicitar autorización para sus operaciones de deuda porque desbordan los límites del escenario de consolidación presupuestaria pactado por el Gobierno con todas las comunidades autónomas en mayo de 1998.

El Grupo Socialista, por su parte, anunció toda una batería de preguntas parlamentarias en las Cortes y en el Congreso para aclarar si la Generalitat ha esquivado la legalidad al recurrir sin control al crédito externo.