Grupos vecinales recurren el proyecto de Uribitarte por falta de información previa
Vecinos de Bilbao han presentado un recurso judicial contra el permiso de la Diputación al proyecto urbanístico de Uribitarte del arquitecto japonés Arata Isozaki. La denuncia se fundamenta, entre otros motivos, en la carencia de exposición pública previa a la modificación del proyecto, según explicaron miembros de la asociación del Ensanche y Campo Volantín.
Este colectivo tachó ayer de 'especulación inmobiliaria' esta actuación, que incluye cinco edificios y dos torres de 22 plantas para viviendas y oficinas, con la que se pretende resolver el abandono del antiguo depósito franco tras...
Vecinos de Bilbao han presentado un recurso judicial contra el permiso de la Diputación al proyecto urbanístico de Uribitarte del arquitecto japonés Arata Isozaki. La denuncia se fundamenta, entre otros motivos, en la carencia de exposición pública previa a la modificación del proyecto, según explicaron miembros de la asociación del Ensanche y Campo Volantín.
Este colectivo tachó ayer de 'especulación inmobiliaria' esta actuación, que incluye cinco edificios y dos torres de 22 plantas para viviendas y oficinas, con la que se pretende resolver el abandono del antiguo depósito franco tras un fiasco inmobiliario de 11.000 millones en 1992. La polémica se ha suscitado porque hace diez años se limitaba el uso de esta área para oficinas, lo que fue confirmado por el plan urbanístico de Bilbao, y el proyecto de Isozaki -autor del Palau Sant Jordi de Barcelona- incluye viviendas, las plantas se elevan de las cuatro previstas hace diez años hasta las 21 y las fachadas del antiguo depósito franco se respetan sólo al 50%. 'Es el mayor escándalo urbanístico y de especulación llevado a cabo en Bilbao desde el final de la dictadura', aseguró la asociación.
El recurso contencioso administrativo se basa en que un cambio tan significativo del plan urbanístico requiere una fase de información pública previa, 'como establece la ley. No es lo mismo opinar sobre algo definido'. Lo compararon con los casos de Barrika y Argoños, en Cantabria, en los que sentencias judiciales han declarado nulas recalificaciones de terrenos y anunciaron que incluirán la demanda en el registro de la propiedad 'para informar y proteger a posibles compradores'.