El desacuerdo sindical mantiene a Hobetuz sin convocatoria para este año

Hobetuz dispone ya de los 1.581 millones de pesetas procentes de la cuotas de formación del Inem que la comisión tripartita formada por la CEOE, los sindicatos CC OO y UGT y el Ministerio de Trabajo le ha asignado para este año. A esta cantidad hay que sumar los cerca de mil millones de pesetas que tradicionalmente llegan del Fondo Social Europeo y el dinero que aporte el Ejecutivo vasco, que el pasado año ascendió a 1.350 millones de pesetas. En todo caso, si no se realiza convocatoria no se pueden utilizar los fondos, estén o no asignados.

Las tesis opuestas de los sindicatos vascos h...

Hobetuz dispone ya de los 1.581 millones de pesetas procentes de la cuotas de formación del Inem que la comisión tripartita formada por la CEOE, los sindicatos CC OO y UGT y el Ministerio de Trabajo le ha asignado para este año. A esta cantidad hay que sumar los cerca de mil millones de pesetas que tradicionalmente llegan del Fondo Social Europeo y el dinero que aporte el Ejecutivo vasco, que el pasado año ascendió a 1.350 millones de pesetas. En todo caso, si no se realiza convocatoria no se pueden utilizar los fondos, estén o no asignados.

Las tesis opuestas de los sindicatos vascos hacen que, por el momento, sea imposible llegar a un acuerdo. Por un lado, ELA y LAB quieren que haya dos convocatorias en función de los fondos que lleguen. Frente a esta tesis, los sindicatos CC OO y UGT apuestan por mantener una única convocatoria.

Mediación

La estrategia de conversaciones bilaterales puesta en marcha por la patronal Confebask sólo ha producido un acercamiento entre el Gobierno vasco, la propia patronal y los sindicatos nacionalistas. ELA y LAB se mantienen inflexibles.

Desde el Departamento de Trabajo se asegura que su papel es mediar entre los agentes sociales para lograr un acuerdo y se percibe que nadie tiene prisa en lograrlo. Las tesis del Ejecutivo chocan con las manifestaciones realizadas hace apenas dos meses por UGT y Confebask, en las que reprochaban a Trabajo querer imponer sus condiciones, al ser una de las principales fuentes de financiación.

Mientras no haya acuerdo, los trabajadores y empresas vascas que recurren tradicionalmente a los fondos de Hobetuz no podrán aprovecharlos para financiar cursos de reciclaje y readaptación laboral. Junto a Hobetuz en Euskadi opera también la fundación española de formación continua, el Forcem. Esta duplicidad ha sido criticada tradicionalmente desde los postulados nacionalistas. Tanto el Gobierno como las centrales nacionalistas denuncian que los trabajadores vascos reciben una pequeña parte de la cuotas de formación que pagan en su nómina.

Pero más allá de este debate, la convocatoria está marcada por la petición por parte de ELA y LAB de que Hobetuz suprima la formación continua sectorial e intersectorial, que se refiere a los cursos que se dan en los centros propios de CC OO y de UGT. Esta propuesta, que en un principio no estuvo lejos de las tesis del Ejecutivo, resulta inaceptable para las centrales no nacionalistas, que rechazan que esa fórmula sea una vía indirecta de financiación, como sostienen ELA y LAB. Junto a la cuestión de los planes sectoriales e intersectoriales, hay otras discrepancias, pero los miembros del patronato creen que son diferencias de carácter más técnico y más fácilmente resolubles.

En el orden del día de la reunión de hoy del patronato figuran temas de funcionamiento interno diario, como el uso de los remanentes del dinero aportado por el Fondo Social Europea, pero no la gran cuestión.

Entre las distintas tesis que se manejan sobre la falta de prisa de las partes, a la que se alude desde el Gobierno, hay una que es clave: las elecciones del próximo domingo. Hay quien considera que se quiere esperar a ver el signo del Gobierno que salga de los comicios para calibrar con qué fondos se va a contar y cúal es la línea de actuación más adecuada. El actual Departamento de Trabajo, a cuyo frente está Sabin Intxaurraga, de EA, ha completado hasta ahora los fondos de Hobetuz, después de que el Gobierno central dejara de aportar desde 1999 la partida de 3.500 millones de pesetas que se acordó en el pacto de investidura de José María Aznar en 1996.