La juez informa al Supremo que desconoce el destino de 20.000 millones de la venta de Ertoil

En su resolución, la juez se limita a describir los movimientos bancarios que siguieron a la venta de Ercros de su filial Ertoil, pero junto a su providencia acompaña el último informe del fiscal anticorrupción Vicente González Mota, fechado el pasado 17 de abril, que establece indicaciones mucho más contundentes.

El fiscal asegura que a la vista de las respuestas dadas por Ercros, 'que invariablemente alega que dado el tiempo transcurrido no posee los justificantes que se le solicita', no ha podido esclarecerse el destino y la justificación del precio de compraventa de Ertoil.

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En su resolución, la juez se limita a describir los movimientos bancarios que siguieron a la venta de Ercros de su filial Ertoil, pero junto a su providencia acompaña el último informe del fiscal anticorrupción Vicente González Mota, fechado el pasado 17 de abril, que establece indicaciones mucho más contundentes.

El fiscal asegura que a la vista de las respuestas dadas por Ercros, 'que invariablemente alega que dado el tiempo transcurrido no posee los justificantes que se le solicita', no ha podido esclarecerse el destino y la justificación del precio de compraventa de Ertoil.

El destino dado al precio de venta de Ertoil es precisamente lo que el Tribunal Supremo deseaba conocer el 11 de abril de 2000, hace ahora un año, antes de pronunciarse sobre si asumir la competencia sobre el caso Ercros para proceder, en su caso, contra el ministro Josep Piqué, consejero de Ercros.

Según el último informe de la Fiscalía Anticorrupción, una parte importante del precio de Ertoil, 26.975 millones de pesetas, fueron a parar a la cuenta de crédito número 525150 que Ercros tenía en el Banco de Santander. El banco había concedido a Ercros una disposición de crédito de 20.000 millones, de la que salieron dos cantidades por un importe equivalente. Se indagó el destino de esas cantidades y tras haber contestado el banco que no disponía de información, con posterioridad encontró unos pagarés.

Artificio y opacidad

Sin embargo, según el fiscal anticorrupción, dichos pagarés no fueron el destino de los fondos de Ercros, sino que aparece indiciariamente que fueron un artificio creado para generar opacidad ante la autoridad monetaria de la disposición del crédito de 20.000 millones de pesetas concedido por el banco de Santander a Ercros'.

El único resultado de emitirse pagarés no era el de atender pagos legítimos, sino el de no informar al Banco de España de la disposición del crédito por importe de 20.000 millones de pesetas. 'En efecto, la autoridad monetaria no conoció la disposición de dicho saldo, que le fue ocultado por Ercros y Banco de Santander al tener asentado a fecha 31 de diciembre de 1990 el reembolso de las cantidades dispuestas mediante la creación de los pagarés'.

El fiscal pidió al Santander y a Ercros los antecedentes de todas las disposiciones de la cuenta 525150. Ercros no aportó documento alguno que permitiese esclarecer la disposición de los fondos 'tal como viene haciendo a lo largo de todo el procedimiento'. El Banco de Santander aportó documentación de la que básicamente se desprende que además del uso efectuado por la emisión de los pagarés, la mayor parte de los movimientos de la cuenta han tenido como contrapartida la cuenta de Ercros número 39324 del Banco de Santander.

En definitiva, el fiscal entiende que 'pese a los esfuerzos realizados por el juzgado, no puede informarse más concretamente al Tribunal Supremo'.

El 10 de enero de 1991, al día siguiente de adquirir Ertoil, la sociedad luxemburguesa GMH suscribió un derecho de opción de compra con Elf. El 23 de abril, el Banco Central, Elf y Cepsa acordaron que Cepsa adquiriría las acciones de Ertoil. El fiscal González Mota explica que de la transacción de Ertoil a Elf y Cepsa, se desprende indiciariamente que 'constituía desde una primera etapa, ubicada en junio de 1990, [antes de la primera venta de Ertoil en enero de 1991] un objetivo común construir conjuntamente en España un 'polo petrolífero sur'.

La juez Palacios refleja en su informe que Cepsa pagó 2.200 millones en comisiones.