La Agència Valenciana de Turisme aportará 6.000 millones a Terra Mítica en cuatro años

La sociedad privada participada por la Generalitat en un 14,86% ha desarrollado sucesivas ampliaciones de capital desde su constitución en 1997 para cubrir las inversiones iniciales en el complejo de ocio. El coste del parque se cifró en 45.000 millones dos meses antes de su apertura. Pero el consejo de administración dio por bueno un desfase de 9.000 millones el pasado diciembre, de acuerdo con una auditoría externa, que elevó el coste de las inversiones iniciales a 54.000 millones.

Miguel Navarro, director general de Terra Mítica, planteó entonces a los accionistas nuevas aportaciones...

La sociedad privada participada por la Generalitat en un 14,86% ha desarrollado sucesivas ampliaciones de capital desde su constitución en 1997 para cubrir las inversiones iniciales en el complejo de ocio. El coste del parque se cifró en 45.000 millones dos meses antes de su apertura. Pero el consejo de administración dio por bueno un desfase de 9.000 millones el pasado diciembre, de acuerdo con una auditoría externa, que elevó el coste de las inversiones iniciales a 54.000 millones.

Miguel Navarro, director general de Terra Mítica, planteó entonces a los accionistas nuevas aportaciones de fondos para elevar el capital social de la empresa a 25.000 millones y cubrir así el sobrecoste en la construcción del parque.

Algunos accionistas minoritarios mostraron su malestar hacia la gestión del complejo de ocio, expresaron dudas sobre las cuentas presentadas por Navarro y dejaron de acudir a la ampliación propuesta. La entrada de dos nuevos socios privados permitió dotar el capital necesario para avalar las deudas asumidas por Terra Mítica.

Pero la empresa privada no admite el maquillaje contable y las dudas expresadas entonces por varios accionistas han resultado tener fundamento. La inversión necesaria para levantar Terra Mítica rondó los 60.000 millones de pesetas, con un desfase sobre las supuestas cuentas definitivas de 6.000 millones.

Dadas las circunstancias, la Generalitat, promotora del complejo, se ha visto obligada a salir al rescate de la empresa. La fórmula ideada para evitar la subvención directa ha resultado ser un convenio de colaboración con la AVT, que fue aprobado por el Consell en su última reunión plenaria y será difundido en su día a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

En líneas generales, el convenio prevé que la AVT, cuyo presupuesto para 2001 apenas supera los 7.200 millones de pesetas, aporte los fondos necesarios para cubrir el desfase en la inversión inicial a lo largo de los próximos cuatro años.

El convenio entre la entidad pública y Terra Mítica puede complicar el expediente que estudia la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea a raíz de diversas denuncias formuladas desde 1997 por la Federación Europea de Parques de Ocio.

Las primeras demandas ante los garantes de la libre competencia en el seno de la Unión Europea se sustentaban sobre la cesión de terrenos no urbanizables en el vértice de los términos municipales de Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa para levantar Terra Mítica.

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, se entrevistó en Bruselas el pasado 18 de enero con el comisario europeo de la Competencia, el italiano Mario Monti, para abordar el caso. El presidente reiteró que la denuncia contra Terra Mítica por supuesto trato de favor de parte de la Generalitat no tenía 'ni pies ni cabeza'. Pero portavoces oficiales del comisario Monti explicaron que carecían de la información necesaria para resolver el caso y comentaron que el Consell debía aclarar ciertas cuestiones.

El convenio entre la AVT y Terra Mítica va más allá de una cesión de terrenos y constituye una ayuda directa de la Generalitat a la empresa que gestiona el parque.

La necesidad de recurrir al convenio con una entidad pública para costear el exceso sobre las inversiones previstas pone en entredicho, además, la gestión del director general de Terra Mítica. El propio consejo de administración de la sociedad exigió una auditoría externa para establecer el coste real del parque ante la opacidad de Navarro, que nunca ha precisado el detalle de las cuentas cuya gestión tiene encomendada.