El TSJC admite a trámite el recurso contra el decreto de matriculación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato USTEC-STE contra el decreto de matriculación en las escuelas financiadas con fondos públicos, aprobado el pasado mes de febrero por la Generalitat y objeto de críticas en el informe anual del Síndic de Greuges, que consideraba el decreto, y en general la política de Enseñanza, 'tímido, parcial y poco decisivo' para alcanzar la integración efectiva de los alumnos inmigrantes.

El alto tribunal ha tramitado la suspensión de la disposición adicional segunda del decreto -tal como...

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato USTEC-STE contra el decreto de matriculación en las escuelas financiadas con fondos públicos, aprobado el pasado mes de febrero por la Generalitat y objeto de críticas en el informe anual del Síndic de Greuges, que consideraba el decreto, y en general la política de Enseñanza, 'tímido, parcial y poco decisivo' para alcanzar la integración efectiva de los alumnos inmigrantes.

El alto tribunal ha tramitado la suspensión de la disposición adicional segunda del decreto -tal como solicitaba el sindicato-, que establecía que los centros podían aumentar el número máximo de alumnos por aula, siempre que se hiciera para garantizar la escolarización de todos los alumnos. De acceder a la petición de suspensión -que se tramitará en una pieza separada-, los centros educativos no podrían admitir más alumnos que los establecidos por la ley.

El proceso de matriculación, que comenzó el pasado día 12 de marzo, podría verse afectado. La Generalitat tiene ahora 10 días para presentar alegaciones. La titular de Enseñanza, Carme Laura Gil, defendió ayer el decreto y también el derecho de todos los colegios, incluidos los centros de élite, a beneficiarse de los conciertos educativos siempre y cuando 'cumplan los requisitos previstos en la ley'.

'Hablar de educación es hablar de política', dijo ayer Carme Laura Gil al comienzo de su intervención en el foro Tribuna Barcelona. La titular de Enseñanza no defraudó e hizo gala de un lenguaje claramente de izquierdas, que hubiera firmado cualquiera de los partidos situados en la oposición al Gobierno del que forma parte.

Pero cuando tuvo que referirse a los hechos, a la política de su departamento, Gil construyó una sólida defensa de los conciertos educativos que ha otorgado a siete escuelas de élite que cobran hasta 100.000 pesetas al mes. Todos los colegios, dijo, tienen derecho a acogerse a la concertación. La consejera lamentó que este asunto se utilice 'políticamente' y advirtió que las subvenciones al sector privado 'no pueden poner bajo sospecha' a estos colegios ni provocar que 'las partes de la sociedad educativa estén enfrentadas'.

'El currículo obligatorio debe ser gratuito y el resto de actividades no tienen que ser discriminatorias', añadió Gil, y el cumplimiento de estas normas 'debe ser transparente, y si no lo es, haremos que lo sea'. Los alumnos de los centros concertados, aseguró, 'no pagan por la escolarización, porque si no les retiraríamos el concierto'. La ley es 'suficientemente explícita', dijo, y 'obliga' a que la escolarización de los cursos concertados 'sea gratuita' y sólo se pueda cobrar por los servicios que no corresponden a las horas lectivas. Estos servicios, añadió, tampoco pueden ser 'motivo de discriminación' a la hora de admitir a un niño que no pueda pagarlos.

La titular de Enseñanza, sin embargo, reconoció que aún no se ha abierto expediente administrativo a los siete centros mencionados: Sil, Sunion y Sant Paul's School, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona; Viaró y La Farga, de Sant Cugat del Vallès, y La Vall, de Bellaterra, cuya financiación costará al erario público más de 900 millones de pesetas anuales. 'El decreto es muy taxativo y nos obliga a seguir unos pasos', explicó.

El procedimiento que describió la consejera se mantiene siempre dentro del ámbito interno. Primero, dijo, se abre un expediente informador y la inspección estudia y analiza los documentos presentados por los centros. Si se descubre alguna irregularidad, se crea una comisión de conciliación entre los titulares del centro y la Generalitat. Sólo en caso de que la comisión no llegue a un acuerdo se abre el expediente administrativo. Actualmente, el expediente de estos centros se encuentra todavía en la fase de información, apuntó. Gil, sin embargo, reconoció que 'quizá sería buena una reflexión' sobre los conciertos educativos.

Gil se refirió también a la integración escolar de los hijos de los inmigrantes e indicó que sólo es problemática cuando proceden de las capas sociales más desfavorecidas. Sobre la creación de guetos escolares, denunció que 'los padres sacan a sus hijos de la escuela porque hay demasiado color'. Sin embargo, la consejera insistió en su tesis contraria a quienes le piden que reparta estos niños entre todos los centros que reciben fondos públicos. 'Sería dar la razón a los padres blancocéntricos', dijo, 'que consideran que una peca es exótica, pero muchas es una enfermedad'.