Hermano saharaui

El delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, apela, primero, al artículo 149, apartado 30 de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales, y después al artículo 66 de la Ley de Bases de Régimen Local, que faculta al Estado para requerir a los municipios la anulación o impugnación de los acuerdos locales.

Todo este enorme trabajo de tan preclaro personaje, que desde luego se siente más Estado que pueblo, para anular el hermanamiento de varios municipios de la Comunidad con poblados saharauis. Parece que los saharauis l...

El delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, apela, primero, al artículo 149, apartado 30 de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales, y después al artículo 66 de la Ley de Bases de Régimen Local, que faculta al Estado para requerir a los municipios la anulación o impugnación de los acuerdos locales.

Todo este enorme trabajo de tan preclaro personaje, que desde luego se siente más Estado que pueblo, para anular el hermanamiento de varios municipios de la Comunidad con poblados saharauis. Parece que los saharauis le han debido hacer mucho daño al señor que se siente Estado para tomarse tantas molestias y venir con tantas exigencias. Parece que es un crimen que los municipios se hermanen con pueblos oprimidos y que hermanarse, simplemente eso, hermanarse, es un delito. Parece que para el señor Ansuátegui los seres humanos no constituidos en Estado, por haber sido abandonados a su suerte por el Estado español, no pueden tener hermanos en la caridad ni en el alma.

Parece que los municipios no son, en este caso, la parte más cercana al pueblo del Estado, y Estado por tanto. Al señor Ansuátegui, como a todo derechista inveterado, parece que le molesta que los ciudadanos se hermanen sin permiso de la autoridad, sin permiso suyo. Pues para que lo sepa, señor Ansuátegui, también hay una sentencia del Supremo español que declara a un ciudadano saharaui que tenía el DNI español ciudadano español de pleno derecho. Y de esos ciudadanos hay muchas decenas de miles que guardan su DNI, aunque no hayan reclamado la ciudadanía española, que les corresponde de pleno derecho y con una sólida jurisprudencia, porque mantienen la dignidad y la esperanza de volver algún día a su tierra, por muy desértica que sea.

Por eso, pido desde aquí al Defensor del Pueblo, señor Múgica Herzog, que actúe de oficio contra ese individuo, que impide, con la prepotencia del que se cree Estado, que seres humanos, que tienen incluso el mismo carnet de identidad, puedan declararse hermanos. No sé si las leyes estarán de su parte, señor Ansuátegui, pero aunque así fuera, su mezquindad manifiesta me anima aún más a hermanarme con seres tan queridos, tan cercanos y tan abandonados, incluso si debe ser por encima o al margen de una ley manifiestamente injusta.-