Editorial:

Fumar es pecado

El intento de la Comisión Europea de implantar un impuesto lineal en las cajetillas de tabaco, en sustitución del modelo proporcional vigente hasta ahora, ha reabierto el debate sobre la armonización fiscal en este espacio político y económico. También ha suscitado la discusión sobre la eficacia disuasoria del precio sobre los fumadores.

La nueva propuesta de la CE corre el peligro de penalizar a los países con menor renta, los del sur del continente, ya que no es lo mismo poner un impuesto lineal de 70 euros por cada 1.000 cigarrillos en España, Portugal o Grecia que en Suecia o Aleman...

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El intento de la Comisión Europea de implantar un impuesto lineal en las cajetillas de tabaco, en sustitución del modelo proporcional vigente hasta ahora, ha reabierto el debate sobre la armonización fiscal en este espacio político y económico. También ha suscitado la discusión sobre la eficacia disuasoria del precio sobre los fumadores.

La nueva propuesta de la CE corre el peligro de penalizar a los países con menor renta, los del sur del continente, ya que no es lo mismo poner un impuesto lineal de 70 euros por cada 1.000 cigarrillos en España, Portugal o Grecia que en Suecia o Alemania, con una renta per cápita mucho mayor. La fiscalidad de los cigarrillos en España se sitúa en el 71% del precio final, por debajo de 79% de Reino Unido o del 76% de Francia, pero por encima del 69% de Alemania o el 70% de Suecia. La media se sitúa en el 74,28%.

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Con el nuevo sistema, las marcas más vendidas verían aumentar el precio final en unas 72 pesetas (377 pesetas la cajetilla de Fortuna, 268 la de Ducados). Esta subida abre importantes interrogantes sobre su impacto en el IPC, que sigue siendo bastante mayor en España (4%, frente a una media del 2,6%). También repercutirá en la recaudación fiscal. El fisco español ingresó el pasado año por impuestos al tabaco 903.000 millones de pesetas. Otro riesgo asociado a la subida es el previsible aumento del contrabando tras varios años de descenso.

Los fumadores no van a abandonar el tabaco porque cueste más. Sin embargo, sí puede tener un efecto disuasorio sobre los adolescentes y jóvenes no iniciados. En todo caso, la medida parece obedecer más a un criterio de hacer pagar a los fumadores una mayor proporción del coste que su hábito supone para los sistemas públicos de salud.

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