El TSJ levanta la suspensión de las oposiciones de salud pública

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha revocado la suspensión de unas oposiciones de la oferta de empleo público de 1994 en las que se ofrecían 160 plazas de funcionarios en salud pública. Los exámenes estaban previstos para el fin de semana del 24 y 25 de febrero, pero un auto emitido el viernes 23 paralizó la convocatoria y la mayoría de las personas que optaban a alguna de las plazas se enteraron el mismo día del examen que se habían suspendido las pruebas. La Consejería de Sanidad anunció ayer en una nota que 'se convocarán inmediatamente' las oposiciones, 'cu...

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha revocado la suspensión de unas oposiciones de la oferta de empleo público de 1994 en las que se ofrecían 160 plazas de funcionarios en salud pública. Los exámenes estaban previstos para el fin de semana del 24 y 25 de febrero, pero un auto emitido el viernes 23 paralizó la convocatoria y la mayoría de las personas que optaban a alguna de las plazas se enteraron el mismo día del examen que se habían suspendido las pruebas. La Consejería de Sanidad anunció ayer en una nota que 'se convocarán inmediatamente' las oposiciones, 'cuyas fechas serán publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)'.

A instancias de un recurso presentado por la Consejería de Sanidad, el TSJ ha levantado la anulación de las oposiciones y revoca de esta forma la suspensión que estuvo motivada por la designación de los miembros de los tribunales examinatorios. Uno de los principales problemas estuvo centrado en la incompatibilidad de Francisco Bueno, ex director general de Salud Pública, de presidir todos los tribunales, tal y como estaba previsto, dada su condición de personal laboral, es decir no funcionario.

Tras el anuncio de suspensión, hace dos semanas, un portavoz de la Asociación de Trabajadores de la Salud Pública señaló que a los problemas detectados por la presencia de Bueno en los tribunales se sumaban 'irregularidades administrativas' entre las que se encontraban no estar determinados con claridad los puestos a los que optaban los aspirantes. Entre las 3.000 personas que se presentaron había veterinarios, técnicos de salud, de laboratorio o de higiene de los alimentos.