Los problemas en la Comunidad de Madrid
En estos momentos se anuncia por parte de los responsables del Gobierno central y autonómico la inminencia (en 2002 o, como máximo, en 2003) de las transferencias del Insalud a las 10 comunidades autónomas que no tienen transferida la sanidad, y entre ellas a la de Madrid. Es por lo tanto necesario hacer algunas reflexiones al respecto para detectar los problemas que se van a plantear y buscar soluciones que los eviten.
Estos problemas son básicamente de tres tipos: la suficiencia financiera, la definición de las necesidades y los objetivos de la sanidad en la Comunidad de Madrid y la o...
En estos momentos se anuncia por parte de los responsables del Gobierno central y autonómico la inminencia (en 2002 o, como máximo, en 2003) de las transferencias del Insalud a las 10 comunidades autónomas que no tienen transferida la sanidad, y entre ellas a la de Madrid. Es por lo tanto necesario hacer algunas reflexiones al respecto para detectar los problemas que se van a plantear y buscar soluciones que los eviten.
Estos problemas son básicamente de tres tipos: la suficiencia financiera, la definición de las necesidades y los objetivos de la sanidad en la Comunidad de Madrid y la organización de los servicios sanitarios para dar respuesta a las necesidades de salud de la población.
El problema financiero, como es lógico, es muy relevante. Aunque los datos públicos no son todo lo actualizados que sería de desear (falta la liquidación del Insalud 2000 y el censo usado sigue siendo el de 1996), Madrid representa aproximadamente el 30,45% de la población del territorio a transferir (territorio Insalud) y el 32,51% del gasto sanitario del mismo, de lo que obviamente se deduce que unas transferencias basadas en la financiación actual (que es lo que mantienen los Presupuestos aprobados para 2001) y en el acuerdo económico de financiación de la sanidad en vigor hasta este año, en el que prima la población, supondrá una pérdida económica sustancial que haría difícil el mantenimiento de los servicios actuales.
Evidentemente habría que tener en cuenta dos aspectos más. El primero es si la financiación sanitaria es o no suficiente, que parece que no lo es, por lo que muchos expertos han señalado la necesidad de un aumento de financiación, alrededor del 1% del PIB (lo que nos colocaría a nivel de la media de la Unión Europea); eso permitirá ajustar la financiación de todas las comunidades a las necesidades reales. Y el segundo es el carácter de esta financiación, que podría ser finalista (dedicada específicamente a la sanidad) o incluida en la financiación general de las comunidades. Este último mecanismo, que parece ser el que prefiere Hacienda, tendría como problema añadido que generaría diferencias en las prestaciones sanitarias entre unas comunidades y otras y problemas en el acceso a la atención sanitaria de los ciudadanos de otras comunidades. Recuérdese que Madrid tiene en este aspecto un carácter peculiar, ya que un número importante de enfermos de otras comunidades acuden a Madrid para recibir asistencia sanitaria (generalmente muy especializada) y, a la vez, numerosos ciudadanos madrileños se desplazan habitualmente (las vacaciones, los fines de semana, los puentes) a otras comunidades en las que precisan de atención sanitaria.
Es decir, se necesitaría un mecanismo de financiación que partiera de un incremento de los presupuestos de la sanidad pública, de carácter finalista y con sistemas de reparto intercomunitarios basados en las necesidades de salud de la población y con ajustes para la asistencia sanitaria en comunidades distintas a la de residencia.
Aunque el tema de la financión es importante, no deben olvidarse otros aspectos que están relacionados con ella. Y es sobre todo cuáles son los objetivos del sistema sanitario, cuáles las necesidades de salud y cómo se arbitran los mecanismos para atenderlas. El Plan de Salud parece que es instrumento esencial en este ámbito. En Madrid existe un Plan de Salud de 1994, elaborado en la época de gobierno del PSOE. Es obvio, aunque sólo sea por el tiempo transcurrido, que precisa una urgente actualización y revisión. Y debe tener en cuenta algunos aspectos como el elevado porcentaje de personas mayores de 65 años (14% en 1999), los escasos recursos sociosanitarios que tiene la región (un ratio de 2,35 plazas residenciales por 100 mayores de 65 años, frente a una media española de 3,07), el acusado déficit de camas de media y larga estancia y geriátricas de nuestra comunidad (se precisa al menos multiplicarlas por cinco), la necesidad de nuevos centros sanitarios (por ejemplo, el hospital del Este), las deficiencias de cobertura de la red de salud mental y un largo etcétera imposible de desgranar en este espacio.
Para ello es preciso elaborar un nuevo Plan de Salud, que parta de un análisis de los problemas y necesidades de salud de los madrileños, que señale objetivos a cubrir, necesidades de infraestructura y personal para ello, y que asigne presupuestos concretos a su consecución. Porque la otra opción es dejarlo todo en manos del mercado y seguir con el marasmo actual.
Una última cuestión central es la de la organización de los servicios sanitarios. La transferencia debe aprovecharse para hacer una Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad que establezca, entre otras cosas, la organización de la sanidad pública. Es un momento importante que puede ser utilizado para privatizar los servicios sanitarios públicos. Existen declaraciones de los responsables sanitarios que, pese a su ambigüedad, son inquietantes. Parece que se pretende poner en marcha un sistema de financiación pública del sector privado al estilo del modelo catalán, aunque se sabe que es más costoso e ineficaz: convertir los centros sanitarios públicos a los nuevos modelos (fundaciones), pese a su comprobada ineficacia e ineficiencia, y todo ello intentando venderlo con una imagen meliflua -por ejemplo, las llamadas agencias sanitarias: ¿qué sentido tiene molestar a los usuarios que tendrán que acudir a ellas cuando es perfectamente factible integrar en el programa mostrador de los centros de salud una lista de espera única para toda la región y así conseguir que los usuarios se vayan con una cita concreta? ¿No será más bien un sistema para la derivación sotto voce de enfermos a los centros privados?-.
En todos estos temas llama poderosamente la atención la ausencia de una definición explícita y clara de la Consejería de Salud, que más bien propicia la confusión y que no parece muy dispuesta a dar la cara. Parece lógico exigirle una propuesta escrita en al menos todos los aspectos señalados anteriormente para que así sepamos hacia dónde se avanza y no nos encontremos de repente que, por mor de evitar problemas al PP, se han asumido unas transferencias sin medios económicos suficientes y sin un Plan de Salud que defina los objetivos a abordar, y se comience a privatizar por vías más o menos encubiertas la sanidad madrileña.
Marciano Sánchez Bayle es médico y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.