El Supremo rechaza por diez votos a uno inhibirse a favor del Gobierno en el indulto a Liaño

La Sala Segunda del Supremo, reunida en pleno jurisdiccional, ha rechazado así, por abrumadora mayoría, el requerimiento que le hizo el ministro de Justicia, Ángel Acebes, para que anulara la resolución por la que denegó el reingreso de Gómez de Liaño en la carrera judicial, así como que se inhibiera en la aplicación del indulto que el Gobierno remitió a la sala para que, como tribunal sentenciador, lo aplicara, según exige la ley.

El rechazo del requerimiento de inhibición formulado por el ministro de Justicia, ha sido acordado, según hizo público anoche el Tribunal Supremo, 'por estim...

La Sala Segunda del Supremo, reunida en pleno jurisdiccional, ha rechazado así, por abrumadora mayoría, el requerimiento que le hizo el ministro de Justicia, Ángel Acebes, para que anulara la resolución por la que denegó el reingreso de Gómez de Liaño en la carrera judicial, así como que se inhibiera en la aplicación del indulto que el Gobierno remitió a la sala para que, como tribunal sentenciador, lo aplicara, según exige la ley.

El rechazo del requerimiento de inhibición formulado por el ministro de Justicia, ha sido acordado, según hizo público anoche el Tribunal Supremo, 'por estimar la Sala que la competencia reclamada no corresponde a la Administración, sino a la jurisdicción'. La nota oficial da cuenta de que el magistrado García Calvo formulará un voto particular discrepante.

Aumento del respaldo

La ratificación del acuerdo de no readmitir a Gómez de Liaño en la carrera judicial ha sido respaldada por una mayoría mucho más alta de la que aplicó el indulto, en el sentido de tener por extinguida la pena de inhabilitación pero rechazando el reingreso del ex juez en la carrera judicial. En aquella ocasión, a los dos magistrados del tribunal sentenciador se le unieron los votos de otros seis (en total, ocho magistrados) y al voto particular del presidente Luis Román Puerta se le unieron otros cinco magistrados (en suma, seis magistrados). Frente a una decisión adoptada por 8 a 6, la acordada anoche, tras cuatro horas de deliberación, se tomó por 10 a uno.

No asistió, por enfermedad, el magistrado Adolfo Prego, y no fueron convocados al Pleno Andrés Martínez Arrieta y Joaquín Delgado, por tener motivos para no ejercer la función jurisdiccional en este asunto.

En el aumento del respaldo pesó, según fuentes del Supremo, la pretensión del Ejecutivo de hurtar a los jueces la competencia para aplicar el indulto, que la propia Ley de Indulto les atribuye. El fiscal José María Luzón y el propio Gómez de Liaño habían informado a favor de la inhibición pedida por el Gobierno, mientras que la acusación particular, en nombre de Sogecable, solicitó que se rechazase.

El conflicto de jurisdicción planteado por el Ministro de Justicia, Ángel Acebes, se centró en que el control jurisdiccional de la Administración no podía interpretarse 'como una suerte de habilitación general para que cualquier juez o tribunal de cualquier orden pueda negar validez o eficacia a los actos de la Administración, según su singular criterio'.

Según su interpretación, tajantemente rechazada ayer por los magistrados, el control de la Administración corresponde únicamente a a aquellos jueces y tribunales a los que les sea atribuido por la ley y en los términos en que ésta se lo atribuya. En el caso de indulto, ese control correspondería, según Acebes, a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

También adujo el ministro en su requerimiento al Supremo, que el indulto es una facultad d e la Administración y 'la competencia administrativa es indisponible y no puede quedar al albur de que alguna de las partes del proceso ejercite o no su derecho de recurso'.

Tribunal de Conflictos

Según La ley de conflictos jurisdiccionales, con esta resolución queda formalmente planteado el conflicto de jurisdicción, que debe ser resuelto por el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.

El Tribunal de Conflictos, que podría abordar el tema en una reunión prevista para el próximo 2 de abril, está presidido por el presidente del Tribunal supremo, Javier Delgado barrio e integrado por los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Rodolfo Soto Vázquez y Pedro Antonio Mateos, y los miembros del Consejo de Estado José Luis Manzanares Samaniego, Miguel Vizcaíno y Antonio Pérez-Tenessa. El presidente, Javier Delgado, tiene voto de calidad en caso de empate.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, manifestó, tras conocer al resolución del Supremo, que el Gobierno 'se ha quedado moralmente desairado y, sólo ante la opinión pública, con un berrinche', informa Francisco Forjas desde Valladolid.