La Generalitat aceptó firmar el plan del profesorado sin tener la dotación consolidada
Desde que el plan fue presentado por el Gobierno del PP -a mediados de 1999- hasta finales del año pasado, el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) había rechazado las condiciones que imponía el Ministerio de Educación para solucionar el problema del profesorado universitario en condiciones laborales precarias. El DURSI se negaba a admitir que la aportación del Gobierno central a repartir en tres años no se consolidara. Las plazas que se crearan con esta dotación serían financiadas al 100% por la Administración catalana.
El consejero Mas-Colel...
Desde que el plan fue presentado por el Gobierno del PP -a mediados de 1999- hasta finales del año pasado, el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) había rechazado las condiciones que imponía el Ministerio de Educación para solucionar el problema del profesorado universitario en condiciones laborales precarias. El DURSI se negaba a admitir que la aportación del Gobierno central a repartir en tres años no se consolidara. Las plazas que se crearan con esta dotación serían financiadas al 100% por la Administración catalana.
El consejero Mas-Colell y el director general de Universidades, Antoni Giró, mantuvieron firmemente su rechazo al plan del Gobierno, al que emplazaron a negociar en numerosas ocasiones. 'La Generalitat de Cataluña está totalmente dispuesta a llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado sobre el convenio de colaboración en asuntos de profesorado', dijo Mas-Colell a mediados del año pasado. 'Lógicamente', matizó, 'el texto debe ser el resultado de un consenso. Hasta ahora no ha habido ninguna negociación, y nos extrañaría que el Gobierno del Estado, que ha mantenido múltiples reuniones con los sindicatos, nos enviara un ultimátum y se negara a negociar un texto con la Generalitat de Cataluña'.
A finales de 1999, cuando CiU aún sostenía la mayoría parlamentaria del Gobierno de José María Aznar en el Parlamento, el entonces secretario de Estado, Jorge Fernández Díaz, advertía claramente que se trataba 'de una subvención, por tres años y no consolidable'.
Según Fernández Díaz, esto se había 'dicho por activa y por pasiva, una y otra vez, a lo largo de todo el proceso'. 'Estamos esperando la respuesta', añadía el político popular. Finalmente, éste es un programa voluntario; si no lo desean estoy seguro que el Tesoro apreciará el no tener que desembolsar los cerca de 3.000 millones de pesetas que corresponden a la Generalitat'.
El tiempo jugó a favor del Gobierno del PP. Conforme se acercaba el 31 de diciembre de 2000 y los populares ya no necesitaban la ayuda de CiU para disponer de una mayoría parlamentaria, la posibilidad de que se esfumaran los 3.000 millones se acentuaba. Finalmente, el director general de Universidades, Antoni Giró, firmó el convenio sin ninguna modificación el pasado 18 de diciembre, aunque el acuerdo no se hizo público.
El términos globales, el plan supone la inyección, a lo largo de un periodo de tres años, de 21.000 millones por parte del Estado y 7.700 millones por las comunidades autónomas para solucionar el problema de los profesores contratados, versión actual de los antiguos penenes, que ocupan plazas docentes en condiciones de precariedad y con sueldos rayanos en la miseria. Sin embargo, la idea incial acaba convertida en un plan de estabilización presupuestaria para las universidades.
La cantidad que reciben se establece no en función de sus necesidades con vistas a la consolidación de este profesorado en precario, sino del número total de alumnos. De este modo, algunas universidades recibirán fondos que, estrictamente, no necesitan.
La Universidad Politécnica (UPC), por ejemplo, hace ya tiempo que estableció un plan de regularización del profesorado, y éste no se verá influido por la firma del convenio. La Universidad Pompeu Fabra (UPF), por el contrario, tiene una alta proporción de profesorado en situación precaria, pero su número de alumnos le supondrá recibir una cantidad muy reducida.
De acuerdo con el convenio, cada universidad ha elaborado un Acta de Promoción y Estabilidad en la que fija sus necesidades y sus planes, que ha servido de base al convenio y cuyo principio básico es la creación de nuevas plazas de profesor titular funcionario, que saldrán a concurso oposición. Para el profesorado interino que no acceda a estas nuevas plazas, y para erradicar la actual situación de precariedad y escasos emolumentos que se deriva de los actuales contratos de asociado, el ministerio cambia la figura de asociado de tipo 4 con contrato administrativo, de modo que permita establecer contratos más largos y prorrogables, y también fija su salario en una cifra similar a la de profesor titular.
La realidad, sin embargo, es que la mayoría de las universidades ha incluido esta cantidad en sus presupuestos, sin plantearse una sistematización en la creación de estas plazas. El hecho de que la cantidad no sea consolidable hace que, de hecho, se prevea como unos ingresos atípicos para un periodo de tres años. La UPF, por ejemplo, ya ha anunciado a sus miembros que no consolidará las plazas de interinos, al menos por el momento.