Los vecinos exigen más control sobre las antenas de telefonía móvil

Un grupo de vecinos del barrio barcelonés de Gràcia ha iniciado una recogida de firmas para pedir una moratria en la concesión de licencias de antenas de telefonía móvil y la desconexión de las ya instaladas hasta que la comunidad científica demuestre que son inocuas. Los de Gràcia no son los únicos vecinos preocupados por la proliferación de dichas antenas: la Federación de Asociaciaciones de Vecinos de Barcelona lleva semanas atendiedo quejas en el mismo sentido, que se han extendido a otras localidades como Sabadell (Vallès Occidental) y Vilassar (Maresme).

Los inquilinos de varios e...

Un grupo de vecinos del barrio barcelonés de Gràcia ha iniciado una recogida de firmas para pedir una moratria en la concesión de licencias de antenas de telefonía móvil y la desconexión de las ya instaladas hasta que la comunidad científica demuestre que son inocuas. Los de Gràcia no son los únicos vecinos preocupados por la proliferación de dichas antenas: la Federación de Asociaciaciones de Vecinos de Barcelona lleva semanas atendiedo quejas en el mismo sentido, que se han extendido a otras localidades como Sabadell (Vallès Occidental) y Vilassar (Maresme).

Los inquilinos de varios edificios de la calle Pi i Margall fueron los primeros en alertar de los frecuentes dolores de cabeza y zumbidos en los oídos que sufren desde que les colocaron en la azotea uno de estos artefactos. La preocupación causada por la proximidad de algunas antenas ha comportado también problemas para las propias empresas, que encuentran dificultades en ubicar las antenas en los lugares que eligen. Desde el movimiento vecinal se están distribuyendo diversos estudios realizados por varias universidades que abordan el problema.

La forma de operar de algunas compañías de telefonía sigue siendo la de negociar directamente con el propietario de la finca -sin solicitar permiso alguno al Ayuntamiento-, que en muchos casos no vive en el inmueble a cambio de abonar alquileres que oscilan entre las 500.000 y los 4 millones de pesetas. Mientras la Generalitat está ultimando el decreto que regulará esta actividad, el Gobierno central aprobó el pasado 5 de febrero un proyecto de reglamento que desarrolla la ley de telecomunicaciones. El reglamento es visto con grandes reticencias por determinadas entidades, entre ellas la Asociación de Estudios Geobiológicos, que ha presentado alegaciones.

La asociación de vecinos de Gràcia ha organizado para hoy un acto informativo, que se celebrará en la sala de actos de los Lluïsos. Los vecinos sostienen que de esta nueva herramienta -la telefonía móvil- se desconoce casi todo en relación a sus posibles efectos que sobre la salud puede tener la exposición a radiaciones electromagnéticas.

Resolución parlamentaria

El Parlamento catalán abordó ayer mismo esta polémica, pero no sólo desde la perspectiva de las antenas, sino también de los mismos teléfonos móviles, informa Pere Rusiñol. La Cámara aprobó por unanimidad pedir al Gobierno catalán que encargue un estudio a la Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques sobre 'los efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente' que puedan derivarse de las antenas y de los teléfonos.

La proposición también reclama que el etiquetado de los móviles incluya en la descripciones técnica la potencia de radiación, aunque una vez la Unión Europea (UE) haya definido con claridad la potencia máxima de radiación permitida.