El fogonazo eléctrico

La del martes 23 de enero no fue una buena noche para Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol, presidentes de Endesa e Iberdrola, respectivamente. A los puntos de venta de prensa llegaba, con la tinta aún fresca, una mala noticia para el gran proyecto que impulsaban desde hacía siete meses: la unión de la primera y de la segunda eléctricas del país para dar lugar a la cuarta eléctrica del mundo. 'Competencia', decía EL PAÍS en su primera página, 'propone que la venta de activos de Endesa e Iberdrola se haga por subasta. El Tribunal limita al 35% su producción eléctrica'. En Endesa e Iberdrola se en...

La del martes 23 de enero no fue una buena noche para Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol, presidentes de Endesa e Iberdrola, respectivamente. A los puntos de venta de prensa llegaba, con la tinta aún fresca, una mala noticia para el gran proyecto que impulsaban desde hacía siete meses: la unión de la primera y de la segunda eléctricas del país para dar lugar a la cuarta eléctrica del mundo. 'Competencia', decía EL PAÍS en su primera página, 'propone que la venta de activos de Endesa e Iberdrola se haga por subasta. El Tribunal limita al 35% su producción eléctrica'. En Endesa e Iberdrola se encendieron todas las luces de alarma. El gran proyecto de fusión anunciado a bombo y platillo el 17 de octubre de 2000 empezaba a cuartearse.

Desde Economía se intentó disipar la sensación de que Rato había ignorado al Tribunal de la Competencia -

A partir de ese martes, los teléfonos echaron humo. Martín Villa, el político curtido en mil batallas, y el veterano presidente de Iberdrola, Íñigo Oriol, mantuvieron conversaciones telefónicas con el secretario de Estado de Economía, José Folgado, para manifestar que si el Gobierno asumía las tesis del informe del Tribunal dificultaría extraordinariamente el proyecto de fusión. No fueron conversaciones fáciles. En palabras de un alto cargo conocedor del proceso, Martín Villa y Oriol mostraban a las claras la voluntad de las empresas de 'intentar meterse en la cocina' para aliñar el plato de la fusión.

'Recados al cocinero'

Hasta ese momento, tanto Endesa como Iberdrola, a través de sus respectivos consejeros delegados, Rafael Miranda y Javier Herrero, se habían limitado a mandar recados al cocinero a través de los medios de comunicación. Ambos altos cargos, antes de las vacaciones de Navidad, se habían cuidado mucho de advertir que si el Ejecutivo imponía condiciones duras a la fusión, ésta se podía venir abajo. Pero Oriol y Martín Villa empezaban a convertir en órdago lo que hasta ese momento no pasaba de simple -y lógico- envite.

Los presidentes de Endesa e Iberdrola, en diversas reuniones mantenidas entre el 30 de enero y el 1 de febrero con Folgado, con el responsable de los servicios de la Competencia de Economía, Luis de Guindos, y con la directora de la Energía, Carmen Becerril, desgranaron las ventajas de la operación de fusión. A la última reunión asistió el vicepresidente Rodrigo Rato, y en ella destacaron que el proyecto, del que nacería el primer grupo eléctrico de América Latina, no era un plan a corto plazo, sino una operación de futuro, con perspectiva de décadas. Se podía venir abajo si el Gobierno no afinaba en la operación. Oriol y Martín Villa recibieron un golpe bajo. 'Eso', vino a decir Folgado en una de las reuniones, 'díganselo a sus accionistas y que lo aprueben'. El secretario de Estado aludía así a la bomba de relojería instalada en el mismo corazón del proyecto de fusión desde octubre. Los dos mayores accionistas de Iberdrola, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), con el 10% de las acciones, y la Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), con el 7,5%, no apoyaban la operación.

Los intereses del BBVA en la petrolera Repsol YPF (controla un 10% de la compañía), que aspira a entrar en el mercado eléctrico, y la intención de trasladar la sede de la nueva Endesa Iberdrola desde el País Vasco a Madrid, habían inclinado al banco y a la caja de ahorros hacia posiciones críticas con la operación de fusión. Los grandes fondos de inversión no entendían que el consejo de Iberdrola hubiera renunciado a examinar la oferta de Gas Natural, mucho más ventajosa para los accionistas. Pero nadie pensaba en esos días de enero que la fusión pudiera saltar por los aires. Se había ido ya muy lejos y la experiencia y el conocimiento de los vericuetos del poder que se atribuyen a Martín Villa y el empeño demostrado por el presidente de Iberdrola, Íñigo Oriol, se consideraban unos cimientos sólidos para sostener un plan que, en sus líneas generales, agradaba al Ejecutivo. Las declaraciones del ministro de Economía, Rodrigo Rato, adelantando que el Consejo de Ministros atendería las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la Comisión de la Energía sobre la fusión, habían inquietado lo justo. Se daba por supuesto que, finalmente, se encontraría un punto de equilibrio aceptable por todas las partes. Al fin y al cabo, tanto Martín Villa como Oriol se habían empleado a fondo. Su ronda de contactos y explicaciones con partidos políticos, Gobiernos autónomos y analistas había sido tan amplia que había llegado hasta el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, del PNV, con el que hubo un encuentro, mesa y mantel por medio, en la sede madrileña de Iberdrola.

Las informaciones publicadas sobre las propuestas del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC)aceleraron los acontecimientos. El Gobierno tenía de plazo hasta el día 9 de febrero para decidir sobre la operación. Pero las presiones se multiplicaban. El informe de 98 páginas de los nueve vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia era duro desde la primera letra de sus conclusiones. 'El Tribunal considera por unanimidad que la operación de absorción de Iberdrola por Endesa, en los términos en que ha sido notificada, crearía una posición de dominio que obstaculizaría el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado español de la electricidad, por lo que resultaría adecuado declararla improcedente', afirmaba.

Quedaba claro que el Tribunal consideraba inaceptable el plan de ambas compañías y proponía limitarlo. Donde las empresas proponían autolimitarse al 50% de mercado de generación, 60% de mercado de distribución y 50% de comercialización, el Tribunal proponía 35%, 41% y 48%. No era lo más grave. El organismo que preside Gonzalo Solana cortaba de raíz la pretensión de Endesa e Iberdrola de intercambiar activos con otras empresas del exterior. Las dos compañías aspiraban a cambiar cromos con un doble objetivo: cumplir los requisitos que impusiera el Gobierno y conquistar terreno en el exterior de forma rápida: tú vienes al mercado español y yo me asiento en tu mercado. El TDC exigía que las ventas de activos se hicieran por subasta y un plazo concreto, seis meses: inaceptable, dijeron las empresas.

Por tierra, mar y aire (prensa, radio y televisión), Oriol y Martín Villa repitieron la máxima: inaceptable. El Gobierno decidió no apurar los plazos. El asunto estaba visto para sentencia, y los argumentos, desgastados de tanto usarlos.

El viernes día 2, una semana antes de lo previsto, y tras un Consejo de Ministros inusualmente largo, el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, compareció ante la prensa al término de la reunión. Fumata blanca a la operación, pero con matices. Rato desgranó las condiciones que el Ejecutivo imponía a la fusión, más suaves que las propuestas por el Tribunal de la Competencia. La nueva empresa tendría 14 meses para desinvertir por el método de subasta, el 41% del mercado de generación, el 42% de la distribución y el 40% de la comercialización.

Letra pequeña

A falta de la lectura de la letra pequeña, ése era el punto de equilibrio para el Gobierno. Claro que el punto de equilibrio iba acompañado de algo no previsto por las empresas: un real decreto que modificaba, por imperativo de la Unión Europea, el sistema de cobro de las ayudas eléctricas pactadas, los archiconocidos Costes de Transición a la Competencia (CTC). Ese decreto obligaba a Endesa e Iberdrola a descontar de las ayudas que tenían que percibir las plusvalías que obtuvieran por la venta de centrales. Alrededor de 800.000 millones se hacían humo ante las estupefacción del comité de fusión Endesa-Iberdrola, compuesto por Martín Villa y Oriol y sus consejeros delegados, Rafael Miranda y Javier Herrero. El punto de equilibrio, parte por parte, podía ser asumido; pero en conjunto era un sapo difícil de tragar.

El acuerdo del Consejo de Ministros apenas si modificó las condiciones que había discutido y aprobado el día anterior, jueves 1 de febrero, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Rato parecía haber encontrado el punto de encuentro. Un remanso para los afluentes de intereses que fluían por la operación. En sus propias palabras: 'El Gobierno había hecho lo que tenía que hacer, sin mirar hacia otro lado'.

El peor presagio de Oriol y Martín Villa se había cumplido. El punto de equilibrio de Rato no coincidía con el punto de equilibrio que las empresas consideraban mínimo para convencer a sus accionistas de la bondad de la operación. ¿Cómo presentar a los consejos de administración, especialmente al de Iberdrola, un proyecto recortado, con plazos de subasta de activos muy ajustados y con 800.000 millones de pesetas en ayudas en el aire? Martín Villa, siempre bien informado, volvió a tirar de teléfono ese mismo jueves. Interlocutor, Folgado. 'Así, esto no sale', le comunicó Martín Villa. Órdago.

Pero el viernes, el vicepresidente segundo del Gobierno sólo tenía miedo a una cosa, aparecer ante la opinión pública como el 'blando' animador de una operación entre empresas privadas. Lo había hablado con el presidente del Gobierno, José María Aznar. El Ejecutivo se jugaba la imagen. Con Martín Villa y Oriol al menos, Rato y Aznar ya habían perdido todo el crédito. De camino a Sevilla en el AVE, viernes 2 por la tarde, el presidente Íñigo Oriol se despachó a gusto por el móvil: el Gobierno, vino a decir el veterano presidente de Iberdrola, no había entendido nada.

Acompañado por Martín Villa, Oriol acudía a la capital andaluza para explicar la fusión al presidente socialista de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. A esas horas era ya un esfuerzo inútil. En Bilbao y en Madrid, los accionistas de Iberdrola hacían cuentas y no salían. La fusión no podía culminar en esos términos. Y si las cúpulas de Endesa e Iberdrola no lo comprendían así, tendrían constancia exacta en las juntas previstas en la primavera. En Bilbao, un abogado, Fernando Lamikiz amenazaba con poner en pie de guerra miles de pequeños accionistas de Iberdrola.

Empezaba un fin de semana ajetreado en las eléctricas y en el Ministerio de Economía. El sábado 3 de enero, el segundo escalón del Ministerio de Economía salió en tromba para explicar las razones del Gobierno y disipar la sensación de que Rato había ignorado olímpicamente las recomendaciones del Tribunal de la Competencia. Folgado, el secretario general y responsable del Servicio de la Competencia, Luis de Guindos, y la directora general de la Energía, Carmen Becerril, trataron de argumentar lo duro que había sido el Gobierno con las dos empresas, hasta el punto que había introducido exigencias, por ejemplo en la comercialización de la electricidad, que no habían sido consideradas ni por la Comisión de la Energía ni por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Mientras tanto, Martín Villa, Oriol, Miranda y Herrero examinaban el acuerdo. Por Endesa, los abogados del bufete Uría y Menéndez y los economistas de JP Morgan destripaban, a su vez, la letra pequeña del documento aprobado por el Consejo de Ministros. Por Iberdrola lo hacían los expertos de Clifford Chance.

El examen fue de mal en peor. A la subasta de activos en 14 meses, el recorte de ayudas eléctricas y las limitaciones de cuota se añadía un párrafo en el acuerdo que exasperó a Martín Villa. El punto 17 otorgaba al servicio de Defensa de la Competencia la facultad de proponer al Consejo de Ministros modificaciones en los puntos fijados para aprobar la operación si las circunstancias del mercado cambiaban.

Los expertos de Uría y Menéndez fueron contundentes en su informe: Competencia, aseguraron, se atribuye 'potestades de aprobación, supervisión y vigilancia ampliamente discrecionales', lo que podría afectar a aspectos esenciales de la operación. Con un lenguaje menos florido, en Endesa se resumió la situación: la operación pasaba a depender de 'un subsecretario', lo que era inaceptable.

Ese argumento es 'un clavo ardiendo' de las empresas, aseguran fuentes de Economía, 'una simple excusa para justificar que la operación no contaba con el respaldo de los accionistas'. La salvedad del punto 17, según afirman las mismas fuentes, es habitual en este tipo de operaciones de fusión. Incluso en la unión del Banco Santander con el Central Hispano en el nuevo BSCH, afirman, se solicitó expresamente esa cláusula con el asesoramiento, precisamente, de los expertos de Uría y Menéndez.

JP Morgan estudió también los números a la luz de las condiciones del Gobierno. Su conclusión no fue positiva. La operación había cambiado esencialmente. Los expertos del banco de inversiones no firmaron el documento llamado fairness opinion, el acta que da fe de que la operación es razonable en términos económicos. En estas condiciones, Martín Villa -siempre Martín Villa- comunicó el lunes por la mañana al vicepresidente Rodrigo Rato que Endesa e Iberdrola no seguirían adelante con la fusión. La decisión se hizo oficial en torno a las 20.00 horas de ese mismo lunes. En el mismo escenario en el que siete meses antes ambas empresas habían anunciado su noviazgo -la sede de La Unión y el Fénix en el paseo de la Castellana de Madrid-, Martín Villa y Oriol se devolvieron cartas y anillos entre los flashes de los fotógrafos. La gran fusión había saltado por los aires.

Con la ruptura se ha abierto el 'melón' del negocio eléctrico en España. Un sector anclado en prácticas monopolísticas años ha reventado por sus costuras. Todas las grandes compañías extranjeras, en una lista interminable, barajan posibles compras en España. La Bolsa registra una efervescencia desconocida desde hace meses y los expertos hacen quinielas sobre la próxima OPA. Las tres ofertas de compra que existen sobre la compañía más pequeña del sector, Hidrocantábrico (EDP-Cajastur, RWE y Ferroatlántica-EnBW), ilustran la situación por la que atraviesa el sector.

'Se está dando un espectáculo poco positivo', afirma una fuente con gran responsabilidad en la regulación del sector eléctrico. 'Estamos trasladando al sistema económico prácticas propias del mundo rosa, sin ser conscientes de que el país se está jugando el futuro de un sector clave. Hemos fallado todos'.

En este marco de desconcierto, lo único claro es que los focos de los buscadores de negocios están enfocados hacia España. En la sede alemana de E.ON, por ejemplo, esta semana se han trabajado muchas más horas de las acostumbradas. La gigantesca compañía eléctrica, segunda de Alemania, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estudia oportunidades de negocio en España. Iberdrola puede estar en su punto de mira.

Para las empresas centroeuropeas, como para las británicas y estadounidenses, la entrada en el mercado español puede ser el trampolín para dar el salto al otro lado del Atlántico, donde las eléctricas españolas, y en especial Endesa e Iberdrola, han logrado cuotas de mercado importantes en países como Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia.

Ninguna empresa española se siente a salvo. Unión Fenosa ha lanzado ya sus advertencias. La tercera eléctrica española, a la que el Gobierno impidió engullir Hidrocantábrico la pasada primavera, ha advertido a los posibles compradores hostiles que su núcleo de accionistas (BSCH y Banco Pastor) es, en este momento, como una falange de hoplitas griegos. Escudo contra escudo y las lanzas asomando. El único paraguas con que cuenta el Gobierno para aguantar el posible aguacero es la disposición adicional 27 introducida en la Ley de Presupuestos de 2000 que autoriza al Ejecutivo a bloquer cualquier iniciativa en el sector energético español que provenga de una empresa extranjera con participación pública. La norma, discutible, ya ha sido esgrimida frente a la eléctrica portuguesa EDP. Pero parece un escudo demasiado frágil ante cañonazos que desparraman billones de euros.