Pésima imagen internacional
Todos los que han intervenido en la fusión Endesa-Iberdrola han cumplido con su deber excepto el Gobierno. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha cumplido, recomendando al Gobierno que no aprobara la fusión y diciéndole al Ejecutivo que, en el caso de que no siguiera su recomendación y quisiera aprobarla, debería exigir a las empresas unas condiciones mínimas de desinversión. Los directivos de las empresas eléctricas han actuado como debe hacer todo buen empresario -intentar maximizar los beneficios-, solicitando al Gobierno un poder monopolístico mayor que el que establecían las condicio...
Todos los que han intervenido en la fusión Endesa-Iberdrola han cumplido con su deber excepto el Gobierno. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha cumplido, recomendando al Gobierno que no aprobara la fusión y diciéndole al Ejecutivo que, en el caso de que no siguiera su recomendación y quisiera aprobarla, debería exigir a las empresas unas condiciones mínimas de desinversión. Los directivos de las empresas eléctricas han actuado como debe hacer todo buen empresario -intentar maximizar los beneficios-, solicitando al Gobierno un poder monopolístico mayor que el que establecían las condiciones del TDC. El Gobierno, al ceder a las peticiones de las empresas y aumentar su posición de dominio por encima del mínimo aprobado por el TDC, se ha equivocado sobre cuál debe ser la tarea del Gobierno en el funcionamiento de una economía de mercado sin interferencias políticas.
El error más importante no es el de que, con las condiciones concedidas, seguirá sin haber competencia en el sector eléctrico. Esto lo pagarán el resto de las empresas españolas no eléctricas, que son las que consumen el 75% de la energía. Éste es un paso más de una política que no advierte de que, cuando protege a unas empresas, manteniéndoles privilegios monopolísticos, está perjudicando a otras, las más dinámicas, que ven dañada su competitividad internacional.
Pero esto no es lo peor. Más grave es la pésima imagen que se envía a la comunidad internacional de negocios al utilizar un poder -que no debería tener, pues ya se ve que, si se tiene, se acaba cayendo en la tentación de usarlo- para favorecer a unas empresas y perjudicar a otras. Aquí se podrá engañar a alguien, pero por ahí fuera, donde no llegan las televisiones oficiales; no se entenderá que, en España, si al Gobierno no le gusta una fusión como la de Unión Fenosa-Hidrocantábrico, que se quedaba solamente con un 18% de la generación, la prohíbe, pero si le gusta esta última, que se queda con el 40%, entonces no hace caso al TDC, y la aprueba.
La arbitrariedad, el desprecio a un órgano independiente como el TDC, la mezcla de negocios y política que esta actuación refleja no se entiende en países donde funciona la economía de mercado. En definitiva, si hubiera que resumir la principal característica de estas economías sería la de la separación del Gobierno de las decisiones empresariales. El editorial más duro que se ha escrito en la prensa extranjera contra las políticas españolas fue el publicado por el Financial Times titulado 'Aznar pierde el rumbo' criticando la discrecionalidad del Gobierno en la construcción de los grupos empresariales en España. Ayer se volvieron a dar argumentos que, al perjudicar la imagen del Gobierno, también perjudican a España.
Es obligado, igualmente, buscar los aspectos positivos de esta fusión. Entre ellos, está haber hecho caso al TDC en el procedimiento de subastas para vender los activos y, sobre todo, retractarse de aquella decisión de titulizar los CTC que generó el escándalo conocido popularmente como el del 'billón de las eléctricas'. Dos años después, y seguramente por la presión de Bruselas, el Gobierno da la razón a la Comisión Eléctrica, que entonces se opuso a la misma.
El aspecto más positivo de este proceso de fusión es que mucha gente se ha enterado de muchas cosas. Hasta ahora eran cuatro los que sabían algo del sector eléctrico. Con motivo de la fusión Endesa-Iberdrola la gente se ha enterado de que, por ahí fuera, en los mercados que funcionan bien, nadie tiene más del 20% de la generación y, en los que funcionan muy bien, ninguno llega al 10%. Así, ahora son muchos los que pueden valorar la enormidad del 40% aprobado por el Gobierno. Con lo que ha sucedido en California la gente se ha enterado también de que, si se desregula el sector eléctrico, pero se deja poder monopolístico, si la distribución no se separa absolutamente de los demás negocios y se prohíbe la contratación a largo plazo, pueden surgir problemas serios. La gente sabe que la desregulación con competencia puede ser mejor que el viejo modelo donde todo estaba regulado, pero que el peor modelo eléctrico es el que existe en California y, aún peor, en España: la desregulación sin competencia. Y, si la gente lo sabe, se acabará cambiando.