Denuncia contra el actual alcalde de Tarifa por el 'caso Atlanterra'
Miembros de Ecologistas en Acción presentaron ayer en los juzgados de Algeciras una denuncia por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación contra el actual alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, su antecesor, José Fuentes, y los concejales que, con su voto favorable, apoyaron una actuación urbanística en Atlanterra que este colectivo cree irregular.
Ecologistas en Acción imputa al ahora alcalde tarifeño, tránsfuga de IU, supuestas irregularidades similares a las que él denunció la pasada semana ante la Fiscalía Anticorrupción. Según Gil, 'los dirigentes sociali...
Miembros de Ecologistas en Acción presentaron ayer en los juzgados de Algeciras una denuncia por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación contra el actual alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, su antecesor, José Fuentes, y los concejales que, con su voto favorable, apoyaron una actuación urbanística en Atlanterra que este colectivo cree irregular.
Ecologistas en Acción imputa al ahora alcalde tarifeño, tránsfuga de IU, supuestas irregularidades similares a las que él denunció la pasada semana ante la Fiscalía Anticorrupción. Según Gil, 'los dirigentes socialistas que gobernaban en la localidad en la década de los ochenta concedieron licencias urbanísticas en zonas donde este tipo de actuaciones no se pueden llevar a cabo'.
Según el grupo ecologista, Gil y Fuentes concedieron licencias de obra, proyectos de urbanización y primera ocupación en viviendas sin que se desarrollara la figura urbanística del 'plan parcial', necesaria para que pueda edificarse en suelo urbanizable programado, explicó Alfredo Barragán, miembro de la asociación conservacionista.
El grupo ecologista agregó en una nota que el TSJA concedió la calificación de suelo urbanizable programado a esas parcelas frente a la calificación de suelo urbano que recogía el PGOU de Tarifa en su texto refundido, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 18 de octubre de 1995, pese a contar con informes técnicos desfavorables.
El grupo conservacionista señaló que, independientemente de la denuncia presentada, mantiene su petición de que se investigue el supuesto caso de 'corrupción, prevaricación y tráfico de influencia de los cargos socialistas de la Junta de Andalucía en el trámite de aprobación del PGOU [de Tarifa]-, donde intervino como intermediario Antonio Blázquez'.