Un ex gerente de Azpiegitura dice que inyectaron para evitar muertos

Javier Intxaurza, ex gerente de la sociedad foral Azpiegitura, dijo ayer en un tono dramático durante el juicio por la supuesta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación vizcaína en la construcción de un edificio, que la situación que se vivía cuando el nuevo equipo se hizo cargo de la obra, en septiembre de 1991, era de 'una tensión terrible'. Por esas fechas, según relató el directivo, la dirección de la obra, con el arquitecto Alberto López a la cabeza, comunicó a los responsable de la sociedad que había que seguir inyectando un número indeterminado de metros cúbicos bajo las casa...

Javier Intxaurza, ex gerente de la sociedad foral Azpiegitura, dijo ayer en un tono dramático durante el juicio por la supuesta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación vizcaína en la construcción de un edificio, que la situación que se vivía cuando el nuevo equipo se hizo cargo de la obra, en septiembre de 1991, era de 'una tensión terrible'. Por esas fechas, según relató el directivo, la dirección de la obra, con el arquitecto Alberto López a la cabeza, comunicó a los responsable de la sociedad que había que seguir inyectando un número indeterminado de metros cúbicos bajo las casas colindantes al edificio en construcción porque había un 'riesgo de que se vinieran abajo'. 'El ambiente que se respiraba era de gran tensión. Se hablaba incluso del peligro para la vida de las personas', dijo.

Desde un principio, a Intxaurza el precio de las inyecciones de sulfatos y cemento (55.000 pesetas poe metro cúbico) le pareció 'caro'. Pero tras comprobarlo con la empresa Tecnilan -que lo cifró en una horquilla entre 51.000 y 72.000-, lo aceptó. 'Me dijeron que era correcto para pequeños volúmenes, aunque en un volumen tan elevado [más de 11.000 metros cúbicos] se podía ver el precio'.

Además, los datos proporcionados por López a Azpiegitura incluían un desfase de 2.300 metros cúbicos sobre lo previsto en la primera fase de inyecciones.

Todo ello seguía encareciendo la obra, que para entonces ya había sumado al presupuesto inicial (640 millones) otros 335 millones. Desde Azpiegitura se pidió a la dirección de obra que controlara la nueva tanda de infiltraciones químicas para 'no incurrir ni en exceso ni en defecto', según escribió Intxaurza al arquitecto en diciembre de 1991, en una carta en que la sociedad asumía las inyecciones y daba luz verde a la construcción de cinco sótanos en vez de tres.

Desviación millonaria

Sólo la habilidad de la defensa del constructor Iñaki Ereño hizo posible que por fin se trasladara a la sala el coste total de la obra. Ya se lo preguntó el día anterior al diputado de presidencia, José Luis Bilbao, pero éste no lo pudo concretar porque abandonó Azpiegitura antes de la liquidación final. En el segundo intento, el abogado Ángel Gaminde preguntó al arquitecto de Azpiegitura, José Félix Campo, qué consideraba una desviación presupuestaria normal. 'Puede llegarse hasta un 5% de lo inicialmente presupuestado', respondió Campo. Aunque el proyecto del primer edificio y el segundo son diferentes en volúmenes, alturas, usos y sótanos, de los 640 millones se pasó a más de 2.213 millones, según los datos oficiales de la Diputación aportados por Gaminde.

Tanto Intxaurza como Campo y el aparejador José Ramón Jayo, coincidieron al decir que el informe de la nueva dirección de obra, Idom, reveló obra pagada pero no realizada en cimentación, pero no en inyecciones, donde fiscalía y acusación localizan la estafa.