Sindicatos 'puntocom'

Los diputados y senadores que aprobaron la Constitución en 1978 y el Estatuto de los Trabajadores en 1980 probablemente no tenían ordenador personal, tal vez ni siquiera podían imaginar que en cuestión de años podrían mandar correos electrónicos a través de una red planetaria de ordenadores: Internet. Esa puede ser la razón de que nadie se preocupara entonces de regular derechos como la libertad informática o la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas, de igual forma que la revolución de Internet en el mundo laboral ha sorprendido a lo sindicatos. UGT y CC OO tienen el problem...

Los diputados y senadores que aprobaron la Constitución en 1978 y el Estatuto de los Trabajadores en 1980 probablemente no tenían ordenador personal, tal vez ni siquiera podían imaginar que en cuestión de años podrían mandar correos electrónicos a través de una red planetaria de ordenadores: Internet. Esa puede ser la razón de que nadie se preocupara entonces de regular derechos como la libertad informática o la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas, de igual forma que la revolución de Internet en el mundo laboral ha sorprendido a lo sindicatos. UGT y CC OO tienen el problema sobre la mesa, con varios conflictos abiertos con los empresarios en los tribunales, algún que otro despido incluido, pero sólo recientemente se han planteado la necesidad de articular una estrategia concreta.

La solución ideal para evitar roces es que la empresa acuerde con los trabajadores qué uso deben dar a las tecnologías -

Esa estrategia se basa en la exigencia de una regulación específica sobre el uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral en el caso de UGT. Un paquete legislativo que sirva para evitar roces entre empresarios y empleados por el correo electrónico, su uso como tablón de anuncios sindical o navegar durante horas en Internet, tres ejemplos de casos que han visto los jueces. Y todos los que puedan venir.

CC OO participa en la campaña de la Asociación de Internautas y Kriptópolis para garantizar la inviolabilidad de los e-mails de los trabajadores, algo que no pueden exigir los británicos, por ejemplo.

En España, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la intimidad de los empleados, pero también les obliga a 'cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe'. Por ahora es trabajo de los tribunales evaluar en cada caso de qué lado está la ley, pero los sindicatos se quejan de que la ausencia de normas, favorece el abuso.

En realidad los casos que llegan a los tribunales son los menos, explica la abogada especializada Paloma Llaneza. Algunas empresas han resuelto el problema por la vía de la negociación y empiezan a proliferar las que cuentan, por ejemplo, con un protocolo sobre el uso del correo electrónico. Esta solución es la ideal para casi todos los consultados. 'Debe haber una ética explícita', subraya Antonio Linares, director ejecutivo de la consultora de Recursos Humanos Hewitt Associates, que permita a los trabajadores saber que no pueden hacer con unas herramientas que son propiedad de la empresa. Y la han puesto en práctica, sobre todo, multinacionales del sector tecnológico. Como Oracle.

Cuando esta empresa, que tiene 40.000 trabajadores en el mundo, más de 500 en España, contrata a un empleado le comunica por escrito la política sobre este tema, basada en la buena fe -no se vigila la utilización del correo, por ejemplo- y en el sentido común. Esa normativa, que se actualiza trimestralmente, se puede consultar en la Intranet de la empresa. Telefónica ha llegado a un acuerdo similar, pero tácito.

Este tipo de documentos no está muy extendido y, en ocasiones el trabajador se encuentra con una demanda de despido sin saber siquiera que sus jefes vigilaban su correo electrónico -cuántos envía y a quién- o el tiempo que navega en Internet. Para el director general de la patronal Sedisi, Joaquín Oliveras, no es necesario regular aspectos que se resuelven 'con racionalidad y buena fe'.

Muchos de estos nuevos problemas tienen ejemplos antiguos. Y se han resuelto casi siempre por sentido común. Casi todos los empleados llaman desde la oficina por motivos personales, pero no se les ocurre hablar con su abuela de Cuba una hora al día; el correo se abre por motivos de seguridad, sin que se considere una violación de intimidad. Hay otras situaciones que no tienen simil: los sindicatos argumentan ahora que Internet es como un tablón de anuncios y, por lo tanto, puede ser usado para enviar información sindical. Pero puede haber trabajadores que no deseen recibirlo.

Estos ejemplos y la actual beligerancia de los sindicatos muestran que el debate está abierto. Los partidos también se han puesto a trabajar. Al Parlamento han llegado distintas iniciativas dispersas. El problema es hoy más cercano para los diputados que, desde 1996, tienen ordenador personal en el despacho y, desde hace menos, su correo electrónico.