Negar la atención médica

Impedir a los sin papeles la posibilidad de empadronarse supone en la práctica negarles su derecho, reconocido por Ley, a la asistencia médica. La Ley de Extranjería, tanto en su texto actual, vigente desde hace un año, como en el que entra en vigor el 23 de enero tras la reforma del PP, garantiza la atención sanitaria a todos los irregulares si están empadronados.

La única alternativa que les queda a los que no pueden empadronarse es recurrir a ONG como Médicos del Mundo o Karibu. Pero eso es lo que llevaban haciendo los sin papeles hasta hace un año y eran ...

Impedir a los sin papeles la posibilidad de empadronarse supone en la práctica negarles su derecho, reconocido por Ley, a la asistencia médica. La Ley de Extranjería, tanto en su texto actual, vigente desde hace un año, como en el que entra en vigor el 23 de enero tras la reforma del PP, garantiza la atención sanitaria a todos los irregulares si están empadronados.

La única alternativa que les queda a los que no pueden empadronarse es recurrir a ONG como Médicos del Mundo o Karibu. Pero eso es lo que llevaban haciendo los sin papeles hasta hace un año y eran frecuentes los problemas cuando precisaban una atención especializada o una intervención quirúrgica. Al fin y al cabo los medios de una ONG no son nunca los de un servicio público de salud.

El empadronamiento también sirve para demostrar el tiempo que un inmigrante lleva viviendo en España, algo necesario para optar al sistema de regularización permanente que recoge la ley. Por él se concede el permiso de residencia a los sin papeles que prueben llevar cinco años en España.

Los servicios sociales y las escuelas también piden el certificado de estar inscrito en el padrón. Pero en estos centros lo habitual desde hace años es atender a todos los inmigrantes al margen de su situación.

Para empadronarse un inmigrante, igual que un español, debe presentar un documento que le identifique (pasaporte, permiso de residencia...) y también demostrar que vive en ese municipio mostrando un contrato de alquiler, una factura de gas, agua o electricidad a su nombre o una autorización del titular del arrendamiento.

Pero, según denuncian las ONG, cada vez es más frecuente que los municipios pongan pegas a los extranjeros y les exijan, por ejemplo, el resguardo de haber solicitado el permiso de residencia. Una actuación que tachan de 'discrecional'.