Ereño admite haber falseado facturas, pero niega la estafa a Azpiegitura
El contratista Iñaki Ereño admitió ayer haber presentado ante la instructora del caso Azpiegitura tres facturas falsas para justificar la compra de sulfatos 'utilizados en las inyecciones para compactar' el terreno del edificio de la Diputación vizcaína que construía y evitar que se vinieran abajo las casas colindantes. 'Ha sido la única chapuza que he hecho en mis 50 años de profesión', dijo. Con un lenguaje atropellado y ataviado de libros y una pizarra, se empeñó en negar la estafa de la que le acusan el fiscal y la diputación.
Fue el de Ereño un interrogatorio i...
El contratista Iñaki Ereño admitió ayer haber presentado ante la instructora del caso Azpiegitura tres facturas falsas para justificar la compra de sulfatos 'utilizados en las inyecciones para compactar' el terreno del edificio de la Diputación vizcaína que construía y evitar que se vinieran abajo las casas colindantes. 'Ha sido la única chapuza que he hecho en mis 50 años de profesión', dijo. Con un lenguaje atropellado y ataviado de libros y una pizarra, se empeñó en negar la estafa de la que le acusan el fiscal y la diputación.
Fue el de Ereño un interrogatorio imposible, incluso para su propio abogado, Ángel Gaminde. Con 70 años, Ereño no hizo caso ni de los consejos de su letrado, ni en algunas ocasiones de las preguntas del fiscal. Su declaración, llena de tecnicismos y, sobre todo, de perífrasis concatenadas trajo de cabeza a su defensa y arrancó la carcajada en varios momentos entre los asistentes a la vista. Eso no le impidió decir con rotundidad que, una vez que fue apartado de la obra, en 1993, Azpiegitura 'me propuso ir contra [Alberto] López', para responsabilizar al arquitecto de la estafa, 'pero yo dije que no podía ir contra nadie porque las cosas se habían hecho bien'.
Ereño se esforzó, hasta llegar a veces a la caricatura, en dar una clase doctrinal sobre las inyecciones que tuvo que realizar en el terreno como la 'única solución' para evitar una tragedia en la construcción, en 1991, de un edificio de la Diputación, año en el que comenzaron los problemas de cimentación. Tanto la acusación, en representación de la Diputación, como la fiscalía, consideran que Ereño cometió la estafa al inyectar una mezcla de sulfatos de aluminio, magnesio y bario, mezclados con agua, mucho menor que la que luego cobró a la sociedad foral Azpiegitura. En concreto el fiscal cifra la estafa en 571 millones y la acusación en 1.100 millones. A preguntas del fiscal, dijo que tardaron en inyectar ocho meses y que en todo momento las infiltraciones estuvieron 'controladas' por los aparejadores Tomás Almenara y Federico Lorenzo -acusados de estafa- y, después, por la Universidad de Cantabria.
Tras negarse a contestar a las preguntas de la acusación, se leyeron tres declaraciones de Ereño de la fase de instrucción. En ellas, aseguraba que inyectó 11.400 metros cúbicos, a 55.000 pesetas por metro cúbico. En algunos casos, dijo que la mezcla de sulfatos estaba acompañada con un 80% de agua, luego entre un 80 ó 90% de agua y, finalmente, con un 99%. Manifestó que Almenara 'era el más duro en el control' de las inyecciones'. A preguntas de su letrado desmintió que negara la entrada en la obra a los técnicos de Azpiegitura, tal y como mantienen las acusaciones.