Anulada una condena por injurias porque se ejerció el derecho de información y la libertad de expresión
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional notificó ayer una sentencia que ampara a Juan José Medina Roldán, director del diario El telegrama de Melilla, por la publicación de varias informaciones y comentarios sobre Enrique Bohórquez López Doriga, por los que éste se querelló y originaron una condena de 720.000 pesetas de multa y una indemnización de 700.000, por injurias. La sentencia ampara al recurrente y anula las decisiones de los órganos judiciales de Melilla y Málaga, por considerar que "han vulnerado sus libertades de expresión e información". Entre las afirmaciones realizadas...
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional notificó ayer una sentencia que ampara a Juan José Medina Roldán, director del diario El telegrama de Melilla, por la publicación de varias informaciones y comentarios sobre Enrique Bohórquez López Doriga, por los que éste se querelló y originaron una condena de 720.000 pesetas de multa y una indemnización de 700.000, por injurias. La sentencia ampara al recurrente y anula las decisiones de los órganos judiciales de Melilla y Málaga, por considerar que "han vulnerado sus libertades de expresión e información". Entre las afirmaciones realizadas en 1993 por el periódico mencionado figuraban que Bohórquez se encontraba "fuera del imperio de la ley", que "los servicios municipales descubren que no tiene licencia de apertura ni de obras", que pasó "el inmovilizado de Edimesa a Premesa en un más que presunto delito de alzamiento de bienes", que facilitó "información privilegiada sobre solares a algunos concejales", que "no para de arrastrarse ante el poder para conseguir sus cuartos", así como los calificativos a Bohórquez como "enemigo de Melilla", "vulgar alcahuete del rumor", "fracasado empresario".
La sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Tomás S. Vives, razona que "las expresiones controvertidas surgen en el curso de una polémica periodística que versa sobre asuntos de interés público y que atañe a personas con relevancia pública", por lo que, según la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "quedan amparadas por las libertades de expresión e información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar".
La resolución rebate a la Audiencia de Málaga al señalar que no sólo son amparables por la libertad de información "los hechos que luego fuesen declarados probados por los jueces y tribunales", sino que basta, para que puedan considerarse veraces, que el periodista, como en este caso, desplegara "una labor de investigación diligente sobre los hechos que divulgó con posterioridad".