Ibarra advierte de que el interés por ser juez en Euskadi se acerca al nivel cero
El periodo de 1997 a 2000 pasará a la historia de la judicatura en el País Vasco como "los años de plomo". Una etapa en la que la conflictividad política y la actividad terrorista, que obliga actualmente a más de una decena de jueces a vivir con escolta, han hecho mella hasta el punto de que el interés por los destinos judiciales en Euskadi se acerca al nivel cero. Así lo manifestó Juan Luis Ibarra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una conferencia celebrada el lunes en Bilbao en la Sociedad El Sitio.
En su charla ...
El periodo de 1997 a 2000 pasará a la historia de la judicatura en el País Vasco como "los años de plomo". Una etapa en la que la conflictividad política y la actividad terrorista, que obliga actualmente a más de una decena de jueces a vivir con escolta, han hecho mella hasta el punto de que el interés por los destinos judiciales en Euskadi se acerca al nivel cero. Así lo manifestó Juan Luis Ibarra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una conferencia celebrada el lunes en Bilbao en la Sociedad El Sitio.
En su charla Ética y justicia en el País Vasco; juzgar en tiempos turbulentos, Ibarra reflexionó sobre la ejecutoria del poder judicial en la comunidad vasca en los últimos veinte años; un proceso que en la década de los ochenta se caracterizó por la aportación de los jueces a la instauración de la democracia; por la aparición de los jueces estrella en la primera mitad de los noventa y, que ha sido "de plomo" en la etapa más reciente, recalcó el magistrado."Años de plomo, en su triple dimensión de la oscuridad social, que hace a los jueces identificarnos con las novelas del realismo sucio; de la gravosa pesadez sobre la conciencia y, también, desgraciadamente, del plomo de las balas disparadas contra jueces y fiscales". El magistrado asoció el inicio de la última etapa, marcada por la aparición del rechazo a los jueces no nacionalistas, con una intervención de Xabier Arzalluz ante la tumba de Sabino Arana en noviembre de 1996. Recordó que, en esa ocasión, el presidente de la ejecutiva del PNV proclamó que los jueces que no hablaran euskera "deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al país, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también". El guante lanzado en la localidad de Sukarrieta fue recogido inmediatamente, según Ibarra, por el conglomerado abertzale y por los propios terroristas que, en febrero de 1997, iniciaron los ataques contra "los jueces españoles" asesinando a un magistrado.
En este sentido, Ibarra echó de menos un apoyo institucional "más explícito y sincero" a los jueces. Pero quiso ir más lejos y reclamó el cierre del periodo de "distraimiento" que las instituciones vascas han tenido con las actuaciones de "fascismo social" dirigidas contra los jueces constitucionalistas. Se refiró el magistrado a lo que considera una ausencia total de comunicación entre judicatura e instituciones, que, aseguró, nunca en los últimos veinte años había alcanzado cotas tan altas de silencio.
"En los próximos diez años los jueces serán los mismos de ahora; por eso hay que transmitir la idea de que los jueces del País Vasco son útiles a la sociedad", subrayó Ibarra, pese areconocer acto seguido el escaso crédito que la judicatura tiene ante la ciudadanía vasca. Con anterioridad, el conferenciante se había referido a las dos grandes áreas de "turbulencia institucional" que ha sufrido el ejercicio de la justicia en el País Vasco en las dos últimas décadas. La primera línea de inestabilidad tiene que ver, según Ibarra, con el "escaso grado de confianza social" que tiene el juez en los casos de mayor proyección política y social. Reconoció que en estas situaciones el ciudadano que ve desestimadas sus pretensiones se explica el resultado judicial en términos de "politización de la justicia". El argumento social y de los medios de comunicación más común es en estos casos que el fallo judicial no obedece al cumplimiento de la ley, sino a que es "rehén de un mundo no explícito de precomprensiones ideológicas, morales y políticas que anidan en la mente del juzgador".
La segunda línea de inestabilidad se referiría a las dificultades de acoplamiento entre el espacio público jurisdiccional, donde actúan los jueces, y el político en el que se dirimen los conflictos entre los proyectos de construcción social de las nacionalidades reconocidas por la Constitución. En el País Vasco esta inestabilidad aparece reforzada por la evidencia de que la etiqueta de "juez español" es siempre la antesala de coacciones sociales y amenazas políticas, que acaban en la inclusión como objetivo terrorista, señaló Ibarra. Pero, además, y sobre todo, la inestabilidad deviene de la frecuente invitación a que los jueces sean favorables a una comprensión "más flexible" de la Constitución en aras de acercarse al "sentir popular".