Multada la empresa privada que controla el absentismo laboral en la Generalitat
La Agencia de Protección de Datos ha dado un duro revés al sistema diseñado por la mayoría de los departamentos del Gobierno catalán para controlar el absentismo laboral de sus funcionarios. Este sistema confiaba a empresas privadas las visitas médicas a los funcionarios, para lo cual les facilitaban sus datos personales. Las empresas certificaban las bajas y almacenaban los diagnósticos médicos de los empleados de la Generalitat.
Esta práctica es contraria al derecho a la intimidad de los trabajadores, según la Agencia de Protección de Datos. Una de esas empresas, Sades, ha sido multad...
La Agencia de Protección de Datos ha dado un duro revés al sistema diseñado por la mayoría de los departamentos del Gobierno catalán para controlar el absentismo laboral de sus funcionarios. Este sistema confiaba a empresas privadas las visitas médicas a los funcionarios, para lo cual les facilitaban sus datos personales. Las empresas certificaban las bajas y almacenaban los diagnósticos médicos de los empleados de la Generalitat.
Falta muy grave
Esta práctica es contraria al derecho a la intimidad de los trabajadores, según la Agencia de Protección de Datos. Una de esas empresas, Sades, ha sido multada con 10 millones de pesetas por retener datos médicos de los controles de bajas por enfermedad y vulnerar la Lortad, la ley que regula el tratamiento automatizado de datos personales.La resolución de la Agencia de Protección de Datos se refiere a una denuncia presentada por CC OO de Lleida en la que denunciaba que el Departamento de Medio Ambiente mantenía un contrato -desde el 29 de diciembre de 1995- con la firma Sades, SL, "para efectuar un seguimiento de las bajas por enfermedad, accidente laboral e indisposiciones por un día de los trabajadores del departamento".
Para realizar los controles, Medio Ambiente facilitaba a la empresa los datos personales del trabajador, como la dirección o el teléfono, sin el consentimiento del empleado. Protección de Datos considera probado que el servicio prestado por la empresa privada estaba sujeto a una "contratación del servicio de control de absentismo" de la Generalitat. Tras la visita médica, "se elaboraba un informe en el que se recogía el diagnóstico médico de forma codificada", afirma la resolución.
También se comprobó que, a pesar de que el contrato entre Medio Ambiente y Sades finalizó el 31 de diciembre de 1999 (un mes después de presentada la denuncia), los datos de los trabajadores de la Generalitat y la información de carácter médico figuraban meses después en el fichero automatizado de Sades. La empresa alegó que si seguían manejando estos datos se debía a que les "faltaba elaborar el informe del último periodo".
La Agencia resuelve que se trata de una "falta muy grave" y sanciona a Sades a pagar 10 millones de multa. La resolución se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que la existencia de diagnósticos médicos en una base de datos sobre absentismo con baja médica, cuya titularidad corresponde a la empresa, vulnera el derecho a la intimidad del afectado si no da su consentimiento. La empresa Sades afirmó a este periódico, a través de un portavoz autorizado, que recurriría contra la sanción por injusta ya que "realizaba una prestación de servicios sujeta a las cláusulas administrativas impuestas por la Generalitat". La empresa también expone que los diagnósticos cifrados "no eran comunicados a la Generalitat, sino el dato aséptico del carácter justificado o injustificado de la baja. Por tanto, la actividad de control de absentismo la efectuaba el empleador". La empresa Sades también precisa que su fichero de base médica Itges está inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la propia Agencia.
Ahora, Protección de Datos debrá pronunciarse sobre la responsabilidad del Departamento de Medio Ambiente, que organizó estos servicios de control y que también fue denunciado por CC OO.
"La Generalitat debería pedir disculpas a los trabajadores de Medio Ambiente y reconocer que con este método se vulneraban sus derechos fundamentales, así como también asegurarse de que estos ficheros fuesen destruidos", afirma Josep Manel Cuenca, responsable de salud laboral de CC OO Administración Pública de la Generalitat. "Esta es una práctica generalizada del Gobierno catalán", explica Cuenca, "que sólo no se ha puesto en práctica en cuatro departamentos. De hecho, CC OO también denunció el pasado mes de octubre al Departamento de Presidencia.