Proceso a Pinochet

Cualquiera que sea el desenlace del proceso abierto por el juez Guzmán al general Augusto Pinochet, el que haya podido iniciarse, a pesar de las maniobras y los obstáculos puestos por los poderosos amigos del ex dictador, constituye un logro indudable de la democracia chilena, demostrativo de su creciente fortaleza. La justicia humana -y no Dios ni la historia, a cuyo juicio final acostumbran apelar autócratas y dictadores- comienza a exigirle cuentas a quien mantuvo sometido a Chile durante 17 años a una criminal represión. La impunidad de Pinochet, seriamente tocada durante los 504 días de d...

Cualquiera que sea el desenlace del proceso abierto por el juez Guzmán al general Augusto Pinochet, el que haya podido iniciarse, a pesar de las maniobras y los obstáculos puestos por los poderosos amigos del ex dictador, constituye un logro indudable de la democracia chilena, demostrativo de su creciente fortaleza. La justicia humana -y no Dios ni la historia, a cuyo juicio final acostumbran apelar autócratas y dictadores- comienza a exigirle cuentas a quien mantuvo sometido a Chile durante 17 años a una criminal represión. La impunidad de Pinochet, seriamente tocada durante los 504 días de detención en Londres con motivo del fallido proceso de su extradición a España, ha saltado hecha añicos en Chile y por decisión de un juez chileno.De momento, a Pinochet se le imputa como coautor de 56 homicidios y 19 desapariciones en la siniestra Caravana de la Muerte que recorrió el país tras el golpe de Estado de 1973 buscando opositores y ejecutándolos de inmediato. Pero en los tribunales chilenos siguen pendientes de tramitación más de cien querellas relacionadas con muchos de los 1.185 desaparacidos que el propio Ejército chileno ha reconocido y a los que la Corte Suprema ha considerado fuera de los supuestos de la ley de amnistía de 1988. De estos crímenes tendrá que responder Pinochet, al que el juez Guzmán ha sometido a arresto domiciliario, si sus abogados no consiguen antes que los médicos certifiquen un estado de salud mental y neurológico del ex dictador que le eximan de sentarse en el banquillo. Serían razones de la naturaleza -a las que, para bien y para mal, no escapan tampoco los dictadores- las que podrán permitir a Pinochet eludir las consecuencias del procedimiento judicial abierto por el juez Guzmán. Pero las razones de la justicia permanecerán para siempre en contra de Pinochet.

El procesamiento de Pinochet constituye, sin duda,una noticia extraordinaria para la causa de los derechos humanos y la persecución de los crímenes contra la humanidad. No sorprende que al Ejército chileno le haya causado inquietud. Pero el mismo Ejército que ha pedido "prudencia, equidad y colaboración" al poder civil en algunos momentos de la difícil transición a la democracia en Chile debe aplicarse ahora estas líneas de conducta y demostrar que está dispuesto a respetar la actuación de los jueces. La acción del juez Guzmán no persigue a los promotores del golpe de Estado de 1973, sino a los autores de crímenes muy concretos cometidos a su amparo. La propia institución militar debería estar interesada en que no queden impunes como mejor modo de contribuir a la reconciliación de los chilenos.

El general Pinochet, como estableció la Corte de Apelaciones de Chile al levantar su inmunidad de senador vitalacio, era en la triste época que siguió al golpe militar casi todo: como presidente de la Junta Militar, "asumió todos los poderes: constituyente, ejecutivo y legislativo", y como comandante en jefe del Ejército controló todos los servicios de seguridad y espionaje. Y el propio ex dictador ha venido a reconocer esa responsabilidad el pasado 25 de noviembre, con motivo de su 85º aniversario, aunque no en modo alguno en forma de un mea culpa, al asumir "todos los hechos que dicen haber cometido el Ejército y las Fuerzas Armadas". Aunque no llegara a ser el ejecutor -en el caso de la Caravana de la Muerte delegó en el general Sergio Arellano, también procesado por el juez Guzmán-, sí pudo ser autor de unos crímenes considerados punibles no sólo por el derecho penal chileno, sino por la Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe dar muerte a un prisionero en conflictos armados no internacionales.

Es difícil no vincular el encausamiento de Pinochet en Chile a la causa seguida contra él por Garzón en la Audiencia Nacional, con la abierta oposición de su fiscal jefe Eduardo Fungairiño y el consiguiente proceso de extradición en Gran Bretaña. La detención del ex dictador en Londres acabó con la respetabilidad que aparentaba y abrió el camino a los pasos -la mesa del diálogo y, en especial, el desafuero del senador vitalicio- que han culminado en su procesamiento, haciendo girones el tupido velo de impunidad tras el que pretendía protegerse en su propio país.