El fiscal requiere al banco los resguardos de la Visa del ex alcalde de Dolores

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, ha cambiado su línea de investigación sobre las irregularidades presuntamente cometidas por el ex alcalde de Dolores, Antonio Ruiz Meroño, del PP, en el uso de la tarjeta de crédito Visa del Ayuntamiento. Romero ha ordenado a la Guardia Civil que busque en una sucursal del BBVA los comprobantes de los gastos en un local de alterne que Ruiz Meroño cargó a las arcas públicas.

Ruiz Meroño, expulsado del PP tras haber cargado a las arcas públicas dos facturas en un local de alterne de La Vega Baja a través de la tarjeta Visa d...

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El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, ha cambiado su línea de investigación sobre las irregularidades presuntamente cometidas por el ex alcalde de Dolores, Antonio Ruiz Meroño, del PP, en el uso de la tarjeta de crédito Visa del Ayuntamiento. Romero ha ordenado a la Guardia Civil que busque en una sucursal del BBVA los comprobantes de los gastos en un local de alterne que Ruiz Meroño cargó a las arcas públicas.

Fiesta en el club

Ruiz Meroño, expulsado del PP tras haber cargado a las arcas públicas dos facturas en un local de alterne de La Vega Baja a través de la tarjeta Visa del Ayuntamiento, está poniendo al fiscal las mismas trabas que ya puso a su partido cuando Eduardo Zaplana ordenó que se le abriera un expediente para comprobar los hechos. El político de Dolores, que tras el escándalo se vio forzado a renunciar a la alcaldía, llegó a presentar al líder regional del PP facturas falsas como justificantes de que el gasto que cargó al erario público correspondía a dos cenas, y no a los servicios que recibió en el prostíbulo.Fuentes de la investigación sostienen que Ruiz Meroño está entorpeciendo las diligencias, hasta el punto de que el fiscal jefe se ha visto forzado a "cambiar la línea de investigación", según admitió a este periódico el propio José Antonio Romero.

El jefe de la Fiscalía ya recibió los documentos del Ayuntamiento que reflejan el gasto, así como un informe del interventor municipal de Dolores en el que se advertía al alcalde de que tales gastos no podían justificarse. A pesar de los reiterados intentos del fiscal para que el banco enviara los resguardos de la Visa, éstos no han llegado aún a su poder, por lo que ahora ha requirido a la Guardia Civil para que acuda a la sucursal del Banco de Alicante (ahora BBVA) en Dolores y consiga los documentos.

El fiscal jefe decidió abrir diligencias contra el ex alcalde de Dolores hace medio año, instado por la Junta de Fiscales. A pesar del tiempo transcurrido, aún se están practicando las primeras diligencias.

La Fiscalía no ha logrado en seis meses los datos de la Visa de Dolores

Tras la cena, que se celebró en el restaurante El Cruce de Almoradí, el alcalde y otros concejales continuaron la fiesta en el local. El primer cargo la tarjeta del Consistorio se efectuó en el club a las 3.01 de la madrugada. La operación, por importe de 17.400 pesetas, quedó grabada con el número 4.001 y se transmitió a través de un datáfono de la Caja Rural Central, entidad de ahorro que tiene su sede central en Orihuela y con la que trabaja el local. La segunda disposición, por importe de 82.000 pesetas, se cargó a las 3.56 y se reflejó con el número 4.002.Para poder reflejar esos gastos en la contabilidad municipal, el interventor tuvo que recurrir a un apunte extrapresupuestario a cuenta del protocolo. No era novedad para el funcionario, acostumbrado a emitir informes de reparación de gastos.

Ruiz Meroño siempre ha negado los hechos. El PP le abrió un expediente tras conminarle a que demostrara que la información que publicó EL PAÍS el 18 de marzo de 2000 era falsa. No pudo, y fue expulsado de su partido. Poco después se vio forzado a abandonar la alcaldía, aunque se aferró al acta de concejal en el grupo mixto, donde sigue.

La Junta de Fiscales de Alicante, tras conocer los hechos a través de los medios de comunicación, acordó abrir una investigación para depurar las posibles responsabilidades penales del ex alcalde. Ahora, seis meses después de incoarse las diligencias, el caso apenas ha avanzado.

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