Pujol intenta capear el 'caso Pallerols' entregando la cabeza de un funcionario
El Gobierno de Jordi Pujol intentó superar ayer el caso Pallerols ofreciendo a la oposición la cabeza de un subdirector general, Josep Maria Puig, que era jefe del Servicio de Formación Ocupacional en la etapa en que se produjo el escándalo. Pero los tres partidos de la izquierda consideraron insuficientes esta destitución y las promesas de control formuladas por el consejero de Trabajo, Lluís Franco, en el debate parlamentario sobre la gestión de la formación ocupacional.
Aunque el cese anunciado ayer por Franco persiga dar credibilidad a las promesas de rigor para el futuro, la oposic...
El Gobierno de Jordi Pujol intentó superar ayer el caso Pallerols ofreciendo a la oposición la cabeza de un subdirector general, Josep Maria Puig, que era jefe del Servicio de Formación Ocupacional en la etapa en que se produjo el escándalo. Pero los tres partidos de la izquierda consideraron insuficientes esta destitución y las promesas de control formuladas por el consejero de Trabajo, Lluís Franco, en el debate parlamentario sobre la gestión de la formación ocupacional.
Aunque el cese anunciado ayer por Franco persiga dar credibilidad a las promesas de rigor para el futuro, la oposición no se dio por satisfecha. Por ello, propondrá hoy a la Cámara la reprobación del Gobierno catalán, que queda de nuevo en manos del PP.El destituido Josep Maria Puig, ayer mismo, en una nota remitida a la agencia EFE, explicitó que él no tenía competencias para proponer pagos a los centros ni los autorizaba. En el comunicado recuerda que fue nombrado en el cargo el noviembre de 1999; que en el período en el que se pudieran cometer irregularidades, entre 1994 y 1998. ocupó cargos de Jefe de Sección y Jefe de Servicio y por último recuerda que "es función legítima del Consejero nombrar y cesar cargos de confianza", pero subraya que "lo que no es función legítima es relacionar dichos ceses con pretendidas irregularidades de las que no somos responsables ni yo, ni el equipo que he tenido el honor de dirigir hasta hoy".
El debate de ayer mezcló dos cuestiones, la reforma de la formación ocupacional, un servicio tocado de muerte por el caso Pallerols, y la red clientelar presuntamente orientada a financiar a Unió con los fondos de la UE. El Gobierno catalán no tuvo más remedio que aceptar la reforma inmediata de la formación ocupacional, pero de la presunta financiación de Unió no quiso hablar ni siquiera de forma indirecta.
Para llevar a cabo la reforma, Franco ofreció la elaboración conjunta de una nueva ley del servicio catalán de empleo, que será el encargado de marcar las directrices de la formación ocupacional y de gestionar los cuantiosos fondos europeos destinados a esta finalidad. En tono solemne, Franco aseguró también que "se llegará hasta el final" en la corrección de todas las irregularidades. El diputado de CiU Rafael Hinojosa dijo que el Ejecutivo catalán y CiU ya han hecho lo que debían. La mejor comisión de investigación ya está creada porque el asunto está en manos de la justicia y el consejero de Trabajo ya ha hecho autocrítica, ha reconocido que hubo anomalías. En su momento dimitió un director general; ahora ha cesado un subdirector general. "Estamos en el buen camino", dijo.
Los socialistas recuerdan a Pujol que no asumir un error a tiempo les costó perder el gobierno
El diputado socialista Josep Maria Rañé advirtió al Gobierno de Jordi Pujol que cerrar los ojos cuando existen presuntas anomalías en el reparto de los fondos, así como una supuesta financiación irregular de Unió Democràtica, puede serle fatal. Y más si se tiene en cuenta que el asunto está en manos de los jueces, lo cual garantiza que seguirá vivo. "Se lo decimos con toda humildad", afirmó Rañé, "pero con la fortaleza moral que nos da haber aprendido en carne propia los que ya hemos purgado el error, porque eso fue lo que nos hizo perder a los socialistas la confianza de una parte del electorado y el gobierno".La intervención de Rañé fue una retahíla de reproches y críticas a CiU no sólo por las posibles irregularidades cometidas en la gestión de los fondos ocupacionales, sino también por su incapacidad para dar una respuesta satisfactoria y una salida airosa a la crisis política provocada por este escándalo. "Han creado un mal modelo, han gastado mal los recursos y han gestionado todavía peor la resolución de la crisis", le espetó el socialista a Franco.
Después de enumerar las deficiencias del sistema de formación para parados, que a juicio del parlamentario socialista ha significado "malgastar" 126.000 millones de pesetas en cinco años, Rañé reclamó la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno. "Listillos puede haber por todas partes, pero corruptos son los que tras conocer la actuación de los listillos, miran hacia otro lado", subrayó.
Rañé provocó una airada reacción de los parlamentarios democristianos cuando se refirió directamente a lo que a su juicio fue trato de favor que el Departamento de Trabajo concedió a militantes de Unió en la distribución de subvenciones y a la posible financiación irregular del partido. "Las informaciones sobre escándalos judiciales y políticos en relación con estos fondos y la presunta financiación irregular de Unió ayudan a reforzar estas sospechas", añadió.
Retención de fondos
En la intervención que abrió el debate, el consejero de Trabajo admitió que se han producido "algunas anomalias" en el sistema de formación ocupacional, pero sostuvo que "globalmente ha funcionado". Redujo las anomalias a los casos de los grupos Méndez y Pallerols, aunque a este último evitó citarlo por el nombre del empresario hispano-andorrano y se refirió a las siglas Ceifsa, Teosa y Andsa.
Pero como había hecho días atrás el presidente Jordi Pujol, el consejero atribuyó las "anomalías" a la actuación de "algunos aprovechados" e inmediatamente afirmó que eso "pasa en todas las administraciones". Como prueba de la voluntad de "transparencia" del Gobierno, Franco explicó que Trabajo denunció ante la justicia al Grupo Méndez y se personó en las actuaciones judiciales que se seguían contra Pallerols para demostrar que la Administración catalana está interesada en que se aclaren y sancionen las irregularidades que puedan constituir delitos y para recuperar las subvenciones conseguidas por este empresario de forma presuntamente fraudulenta.
Acerca de la suspensión cautelar de los fondos destinados por la Unión Europea a Cataluña, Franco sostuvo que tras la entrevista que mantuvo la semana pasada con la comisaria de Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, la UE decidió liberar 4.260 millones de pesetas de los 10.136 millones que estaba previsto bloquear inicialmente. La posición del Gobierno es, no obstante, que la suspensión debe reducirse a las cantidades afectadas por los procesos judiciales en marcha, que ayer cifró en 1.002 millones de pesetas en lugar de 445 millones, como había dicho en anteriores comparecencias en el Parlament.
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