La inspección de la Generalitat sugirió a Trabajo revocar las ayudas a Pallerols

El Gobierno catalán no sólo conocía las irregularidades cometidas en las academias del empresario Fidel Pallerols, sino que tenía informes que le aconsejaban revocar las ayudas a dicho centro, según las auditorías públicas. Pallerols recibió de la Generalitat 992,7 millones entre 1994 y 1998 para impartir cursos a parados. El juzgado investiga si las academias financiaron irregularmente a Unió Democràtica, el partido que lidera Josep Antoni Duran. El PP evitó ayer con su voto el primer castigo parlamentario al Gobierno de Pujol por la gestión de los fondos europeos.

La fiscalización a l...

El Gobierno catalán no sólo conocía las irregularidades cometidas en las academias del empresario Fidel Pallerols, sino que tenía informes que le aconsejaban revocar las ayudas a dicho centro, según las auditorías públicas. Pallerols recibió de la Generalitat 992,7 millones entre 1994 y 1998 para impartir cursos a parados. El juzgado investiga si las academias financiaron irregularmente a Unió Democràtica, el partido que lidera Josep Antoni Duran. El PP evitó ayer con su voto el primer castigo parlamentario al Gobierno de Pujol por la gestión de los fondos europeos.

Desinterés

La fiscalización a los centros del empresario andorrano Fidel Pallerols hecha por la propia Generalitat considera "manifiestamente excesivo el gasto imputado en concepto de compra de cursos por los centros CEIF y TEO". Los auditores plantean al Departamento de Trabajo que, "en caso de que considere excesivo este gasto, ordene la revocación de las ayudas" a ambos centros.El empresario cobraba subvenciones para formar a parados y había establecido con sus propios centros un sistema de pagos por el que las academias pagaban hasta un 40,2% de lo gastado a la central andorrana.

El informe de la Generalitat considera necesaria la delimitación del concepto "compra de cursos", y señala que "la imputación de gastos por este concepto sólo sería admisible en casos excepcionales".

El Gobierno catalán conocía algunas de las irregularidades de los centros de Pallerols por un informe enviado en 1994 por su delegación de Trabajo en Tarragona, aunque siguió dando ayudas al empresario. Los informes sobre el centro CEIF, de los que la Generalitat tuvo constancia, señalaban, en 1994, deficiencias como "la calidad administrativa", que "las fichas de los profesores no responden a la realidad" y que "la experiencia docente reflejada no tiene credibilidad".

Con todo, la auditoría entregada al Parlamento recoge cómo ese año se otorgaron ayudas de 78,1 millones a CEIF y que en 1995 se libraron ayudas por 107,9 millones. En 1997, este centro de Pallerols recibió 198,1 millones para la formación de parados, y 135,8 millones en 1998. En 1999, un año después de estallar el escándalo, la Generalitat suspendió las ayudas a los centros del empresario.

La fiscalización interna de la Generalitat también recoge cómo en los años 1995 y 1997 algunos alumnos de los cursos "incurrieron en más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mes". Los inspectores recuerdan que, según la normativa, "podrán ser causa de exclusión de los cursos tener más de tres faltas de asistencia no justificadas".

La gestión de los fondos de formación de parados será objeto de un debate monográfico en el Parlamento catalán, que se inicia hoy. Al debate asistirá, desde la tribuna de invitados, Josep C. Vergès, el militante de Unió que ha llevado a los tribunales la supuesta financiación irregular de su partido a través de los fondos gestionados por Trabajo. Todas las formaciones de izquierda pedirán mañana la reprobación del Gobierno de Jordi Pujol, pero la iniciativa no prosperará porque el PP se ha desmarcado de ella.

La Cámara catalana vivió ayer mismo el prólogo del debate monográfico con la discusión de una moción presentada por el grupo socialista, que supuso un avance de la actitud que tendrán los grupos parlamentarios en el debate de hoy: el bloque formado por CiU y el PP impidió que prosperara la moción, redactada en términos muy moderados.

El texto rechazado ayer no reclamaba la reprobación de los consejeros del Gobierno catalán, lo que molestó a los portavoces de Esquerra Republicana (ERC), Josep Huguet, y de Iniciativa per Catalunya (IC), José Luis López Bulla, que deseaban la reprobación del consejero de Trabajo, Lluís Franco. Pese a ello, CiU y el PP rechazaron la moción alegando que debería abordarse en el debate que se inicia hoy.El texto presentado por los socialistas se limitaba a "constatar la falta de control" en la gestión de los recursos. Asimismo, proponía "deplorar" la imagen que el Gobierno catalán ha dado ante la Comisión Europea como consecuencia de la suspensión de los fondos comunitarios para formación de parados. La Comisión Europea mantiene bloqueados 6.000 millones de pesetas de ayudas al Gobierno catalán.

El debate de ayer no despertó el más mínimo interés del Gobierno de Pujol: ningún consejero lo siguió en el pleno.