CORTINA DE HUMO
La Universidad Miguel Hernández está ocupando en las últimas semanas un espacio desusadamente amplio en la prensa, situación en buena medida originada por la aparición en los medios de comunicación de extractos de una carta firmada por más de un tercio de los catedráticos de la Facultad de Medicina y circulada a la comunidad universitaria en el mes de junio. Con posterioridad han aparecido distintas valoraciones de la situación global de la Universidad y de la Facultad de Medicina en particular, así como revelaciones de hechos ciertamente escandalosos, creando un cierto clima de inquietud que,...
La Universidad Miguel Hernández está ocupando en las últimas semanas un espacio desusadamente amplio en la prensa, situación en buena medida originada por la aparición en los medios de comunicación de extractos de una carta firmada por más de un tercio de los catedráticos de la Facultad de Medicina y circulada a la comunidad universitaria en el mes de junio. Con posterioridad han aparecido distintas valoraciones de la situación global de la Universidad y de la Facultad de Medicina en particular, así como revelaciones de hechos ciertamente escandalosos, creando un cierto clima de inquietud que, al parecer, condujo al rector presidente a sugerir a los miembros de la comisión gestora, en la sesión de 17 de octubre de este órgano, la conveniencia de pronunciarse en los periódicos en defensa de la gestión del equipo de gobierno de la Universidad.Algunos miembros de la comisión gestora están atendiendo cumplidamente el encargo, aunque con una argumentación tan iterativa que diríase obedece a un guión pre-establecido. En estos artículos y entrevistas se proyecta, más o menos elegantemente, la imagen de una universidad progresista y democrática que está sufriendo los embates de un grupo insignificante de caciques retrógrados, que pretenden crear un clima de alarma social para dinamitar el desarrollo armónico de la institución y poder así mantener sus desmesurados privilegios. Estos privilegios se centran, según parece, en la disponibilidad o no de secretarias, que en la "situación de privilegio" suponía seis de estas plazas para las áreas y departamentos de los supuestos caciques y que en la "situación de normalización" quedan reducidas a tres.
Más tarde haremos un análisis detallado de las inexactitudes y tergiversaciones que de nuestra postura se han hecho, pero vaya por delante una reflexión que cualquiera puede entender sin descender a los pormenores: si ocho catedráticos de universidad son capaces de organizar una algazara pública por tres secretarias, hay que suponer que, pese a que estos auxiliares son muy valiosos y a veces imprescindibles, los ocho están a un paso de perder la razón. En la misma situación de demencia incipiente habría que colocar al rector presidente y a la comisión gestora, pues no se entiende de otra forma que tema tan baladí sea objeto de tal preocupación. En no mucho mejor estado clínico se encontrarían los periódicos, que destinan abundantes centímetros cuadrados de papel a un conflicto irrisorio. Y, por último, si un problema de seis vs tres secretarias llega a calar en la ciudadanía tanto como para que el rector presidente y miembros de la comisión gestora se vean obligados a explicarlo en prensa y televisión, la cosa ya se sale de la social para entrar de lleno en una emergencia de carácter nacional, porque significaría que una provincia entera (o quizá una comunidad autónoma) han perdido el juicio, de forma súbita y global.
Pero no, no es éste el caso, no hay motivos serios para pensar que nadie se ha vuelto loco. Nadie, en ningún momento ha hablado de secretarias ni de mantener privilegios, sino más bien de todo lo contrario. Lo que se denunció ante la comunidad académica es que el rector presidente y la vicerrectora nos habían engañado sin empacho alguno, verbalmente y por escrito; que a nuestras peticiones de diálogo y consenso se había dado la callada por respuesta, que semejante actitud autoritaria se había querido tapar con una convocatoria multitudinaria que hubiese tenido mejor sentido en otro marco (por ejemplo, la plaza de Oriente); que el acta de conclusiones de esta asamblea era de una ecuanimidad, al menos, dudosa, y por último, que rechazábamos rotundamente que se nos acusara de estar lastrando el desarrollo de otros campus, indicando que el lastre real era el elevado (y a nuestro criterio desproporcionado) número de Personal de Administración y Servicios (PAS) del grupo A, grupo que es el de mayor coste. Y permítasenos aquí un inciso para ejemplificar cómo discurren las cosas en nuestra universidad: el anterior aserto, que es una obviedad, ha sido deformado al extremo de decir que pretendemos desprestigiar el trabajo del PAS, según reza un documento pasado a la firma dentro de este colectivo por, casualmente, la ex secretaria del rector presidente y el ex adjunto al gerente. Nadie ha dudado de la eficacia y dedicación del PAS, pues gracias a sus desvelos y dedicación podemos trabajar los demás. Distinta cosa es que las condiciones en que ha de desenvolverse este colectivo, las presiones a las que están sometidos, la falta de un esquema estable de organización o la inseguridad en el puesto de trabajo hagan que su gigantesco esfuerzo no sea proporcional a los resultados.
Hasta aquí un resumen de los hechos, que el lector puede contrastar y ampliar en las hemerotecas. Ilustres compañeros no han dudado en calificar nuestra universidad de democrática y progresista, pero, sin entrar en disgresiones teóricas sobre el significado de estos términos, difícilmente puede considerarse que la negación al consenso, la deformación interesada de los argumentos o la descalificación gratuita de las personas sean ni progresistas ni democráticos. La realidad es que lo que en su momento denunciamos (y algunas otras cosas que han aparecido en la prensa en los últimos días) no ha sido desmentido ni rectificado por nadie, de donde se sigue que nuestra denuncia debe ser cierta.
Esto es lo que realmente es grave y lo que es objeto de preocupación social. Si los compromisos contraídos por el rector presidente y su equipo no son fiables, si la documentación y la información se niega, si el diálogo se pervierte, si existe nepotismo, si el equipo de gobierno está utilizando el legítimo poder que le ha sido conferido de forma sesgada, si todo (o algo) de eso ocurre, entonces el problema es serio, con independencia de quién, cómo y dónde se plantee. Y la solución del problema no puede ser nunca intentar silenciar a quienes lo enuncian: en la mencionada sesión de la comisión gestora se debatió durante un cierto tiempo la conveniencia y procedimiento de "cortar los c..." a los que nos oponemos a la arbitrariedad (pedimos disculpas al lector por aludir a tan zafio término, pero ese es el lenguaje que se ha empleado al respecto en el máximo órgano de gobierno de nuestra muy democrática y progresista universidad).
La anécdota puede atribuirse a un exceso de coloquialismo, pero es ilustrativa de cómo ocurren las cosas. Lamentablemente, la historia demuestra que no se trata solamente de una manera de hablar intemperante. La delicada operación quirúrgica arriba referida ha sido ejecutada en varios casos, comprendiendo desde proto-líderes sindicales (que fueron expulsados antes de llegar a serlo) hasta profesores tildados de "desafectos al equipo" (perdón de nuevo por el término, que es de un vicerrector), pasando por jefes de servicio que habían hablado (!) con alguno de esos "desafectos", y en todos los casos, sin consideración alguna de sus méritos académicos, científicos o profesionales.
Este orden de cosas es lo que hace realmente difícil asumir que esta universidad esté en el buen camino, y es este orden de cosas el que debe rectificarse antes de que se consolide en un entramado de intereses que, sin duda, conviene el equipo de gobierno, aunque es lícito preguntarse si dicho entramado también conviene a la institución. El equipo de gobierno y la comisión gestora no son la Universidad Miguel Hernández; la Universidad Miguel Hernández somos todos los que en ella trabajamos, estudiantes, PAS y PDI. El equipo de gobierno y la comisión gestora no son los dueños de la Universidad Miguel Hernández, aunque algunos de sus miembros lo parezcan; el dueño es la sociedad civil, a la que tarde o temprano habremos de rendir cuentas de nuestras acciones... y de nuestras omisiones. Parafraseando a un clásico, "la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero". Lo que ocurre en este caso es que decir la verdad es arriesgado, y las partes pudendas de Agamenón están mejor resguardadas que las de los otros de los envites extirpatorios que patrocinan algunos miembros de la comisión gestora. Es por esta razón que escritos como el presente sólo pueden ir firmados por personas cuya consolidación, respeto académico, sueldo y destino esté a salvo de represalias, y es por eso que, en tanto no cambien los modos y actitudes del equipo de gobierno y de algunos miembros de la comisión gestora tendremos que seguir sufriendo el calificativo de "minoritarios", "grupúsculo de caciques", etcétera. Pero bien sabe el rector presidente y los que le rodean que no es un problema de unos pocos, pues si así fuera nadie se hubiera molestado en descalificarnos tan inmisericordemente. No, el descontento es muy amplio (y no sólo en el campus de San Juan) pero, lamentablemente, somos muy pocos quienes estamos en condiciones de expresarlo.
Éste es, por lo demás, el punto que parece más preocupa a nuestras autoridades académicas. No que se cometan o no atropellos, no que se vulneren los principios que han regido la universidad durante cientos de años, sino saber si estos atropellos y vulneraciones están tan extendidos entre la colectividad como para poner en riesgo su permanencia en el cargo. Pero eso sólo se puede saber fehacientemente poniendo una cabina, una urna y un reglamento que garantice la no-manipulación. Y eso es lo que le pedimos a la comisión gestora que se haga cuanto antes. Y no porque pretendamos hacer en tres años lo que estaba previsto hacer en cinco. Las disposiciones dictadas por la Generalitat establecen que las facultades y escuelas técnicas, una vez que se hayan abierto un 20% de las titulaciones previstas, deben elaborar un reglamento que permita la elección democrática de los órganos de gobiernos de las mismas. Esta situación se da en la Facultad de Bellas Artes, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en la Facultad de Ciencias Experimentales y en la Facultad de Medicina. ¿Por qué, en esta universidad democrática y progresista, no se convocan elecciones y, de paso, se cumple la ley? Buena pregunta, pese a que la formulen unos caciques retrógrados que sólo buscan mantener sus canonjías. Pregunta que, significativamente, suscriben personas de todo el espectro ideológico, desde simpatizantes del Bloc hasta gentes afines al PP, como se puso de manifiesto en la reunión informativa habida recientemente en la Facultad de Medicina a propósito de la intención de un miembro de la comisión gestora de construir un edificio tapando otro y arrasando la única zona verde del campus.
En síntesis, pues, la situación es muy grave y muy seria. La prensa ha puesto de manifiesto la existencia de prácticas reprobables en esta Universidad, muy alejadas de los fines institucionales de la misma y muy alejadas del marco convivencial del conjunto de la sociedad. Un grupo notable de profesores ha manifestado la necesidad perentoria de implantar órganos representativos reales dentro de la comunidad académica. Y la sociedad está percibiendo, a través de los medios de comunicación y del boca a boca diario, que en esta universidad las cosas no van bien. Esto, señores miembros de la comisión gestora, es lo que produce alarma y preocupación, dentro y fuera de la Universidad Miguel Hernández, y esa alarma y preocupación difícilmente se van a enmascarar tendiendo una cortina de humo a propósito de tres secretarias más o menos.
Pedro Acien Álvarez es catedrático de Obstetricia y Ginecología. Además, firman este artículo Ernesto Cortés Castell, profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular; Jordi Matías-Guiu Guía, catedrático de Medicina; Manuel Moya Benavent, catedrático de Pedriatía; Alfonso Puchades Orts, catedrático de Anatomía; Joaquín Rueda Puente, catedrático de Biología Celular y Francisco Sánchez del Campo, catedrático de Anatomía.