La fiscalía apoya el uso de cámaras para controlar recintos privados
La Fiscalía de Cataluña defiende el uso de cámaras de vídeo en recintos privados como los quirófanos para vigilar al personal, según se puso de manifiesto ayer en un juicio contra dos miembros del antiguo equipo de oftalmología de la clínica Platón por intrusismo profesional. El Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona comenzó a juzgar ayer a F. Ch. D. y M. G. R., cirujano y ATS, respectivamente, del desaparecido servicio autónomo de la citada clínica y para quienes el fiscal pide una multa de seis millones de pesetas. El presunto delito de intrusismo imputado a los acusados se descubrió cuan...
La Fiscalía de Cataluña defiende el uso de cámaras de vídeo en recintos privados como los quirófanos para vigilar al personal, según se puso de manifiesto ayer en un juicio contra dos miembros del antiguo equipo de oftalmología de la clínica Platón por intrusismo profesional. El Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona comenzó a juzgar ayer a F. Ch. D. y M. G. R., cirujano y ATS, respectivamente, del desaparecido servicio autónomo de la citada clínica y para quienes el fiscal pide una multa de seis millones de pesetas. El presunto delito de intrusismo imputado a los acusados se descubrió cuando la dirección de la clínica instaló cámaras de vigilancia en los quirófanos para averiguar quién maltrataba el material quirúrgico, a raíz de una queja presentada por el propio jefe del equipo oftalmológico, el doctor Demetrio Pita.El fiscal del caso, Miguel Ángel Pérez de Gregorio, ha dicho que, pese a que la jurisprudencia en la materia no es clara, las cámaras de vigilancia sólo están prohibidas en domicilios privados, lo que no es este caso, y aún así su colocación en estos espacios estaría justificada por la persecución de un delito grave. En contra de las tesis de la defensa, que afirma que las cámaras vulneraron el derecho a la privacidad de los pacientes intervenidos en la clínica entre abril y junio de 1998, en que hubo la videovigilancia, el fiscal asegura que nunca se pidió identificar a esos pacientes y ha defendido que un ente privado, en este caso la dirección de una clínica, pueda instalar las cámaras si tiene sospechas del personal.
Las defensas de los acusados han pedido la nulidad de la causa al afirmar que un quirófano es "un espacio herméticamente cerrado y privado", como un lavabo público, en el que no se puede instalar ninguna cámara que, por otro lado, puede ser foco de infecciones. Los letrados han alegado que la persecución de un delito de intrusismo, castigado con una multa, o unos daños en un instrumental médico no justifican esa videovigilancia. Distinto sería, han admitido, la investigación de un delito grave, como un asesinato.