100 millones en la cuenta

La Junta Directiva Nacional del PP decidió el 26 de enero de 1998, en la anterior escalada de atentados mortales contra ediles populares en Euskadi, abrir una cuenta bancaria en Argentaria con el único y exclusivo fin de recaudar fondos para pagar los escoltas privados de sus cargos públicos en Euskadi. Aquella polémica cuenta finalista, que fiscaliza anualmente el Tribunal de Cuentas y se rige por los principios contables que marca la ley de financiación de los partidos políticos, según el PP, sigue abierta. Los simpatizantes que quieren colaborar en esa actuación tienen un tope anual de 10 m...

La Junta Directiva Nacional del PP decidió el 26 de enero de 1998, en la anterior escalada de atentados mortales contra ediles populares en Euskadi, abrir una cuenta bancaria en Argentaria con el único y exclusivo fin de recaudar fondos para pagar los escoltas privados de sus cargos públicos en Euskadi. Aquella polémica cuenta finalista, que fiscaliza anualmente el Tribunal de Cuentas y se rige por los principios contables que marca la ley de financiación de los partidos políticos, según el PP, sigue abierta. Los simpatizantes que quieren colaborar en esa actuación tienen un tope anual de 10 millones de pesetas y esa cooperación les cierra el camino para suscribir otras aportaciones a la financiación del PP. El Partido Popular ha recabado por ese medio anualmente unos cien millones de pesetas, aunque algún año esa cifra ha sido menor.

El PP niega rotundamente que se produzcan trasvases de dinero para protección de cargos desde sus distintos grupos parlamentarios. El partido asume públicamente que esas partidas, hasta 2.000 millones al año, proceden de su presupuesto.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, lamentó durante su reciente viaje por Asia que algunos partidos o medios de comunicación planteen ahora críticas por la falta de escoltas cuando en su día habían cuestionado esa cuenta particular del PP. El PSOE y algunos colectivos policiales criticaron esa cuestación porque el artículo 17 de la ley de Seguridad Privada prohíbe que las autoridades públicas tengan escoltas privados.