El agua del Ebro, para qué

Intento responder con estas pocas líneas al artículo de Vicent Franch, A de Aragón y de Agua que publicó EL PAÍS el pasado miércoles. En el mismo, el columnista lamentaba que la reacción de la sociedad aragonesa, a través de la manifestación de Zaragoza del pasado día 8, ensombreciera la celebración del Nou d'Octubre; que habría sido ésta una fecha histórica en la que la Comunidad se felicitase de la presentación del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN), cuya piedra angular es el trasvase del Ebro.Mi primera reacción fue de indignación al observar que el PHN era considerado ...

Intento responder con estas pocas líneas al artículo de Vicent Franch, A de Aragón y de Agua que publicó EL PAÍS el pasado miércoles. En el mismo, el columnista lamentaba que la reacción de la sociedad aragonesa, a través de la manifestación de Zaragoza del pasado día 8, ensombreciera la celebración del Nou d'Octubre; que habría sido ésta una fecha histórica en la que la Comunidad se felicitase de la presentación del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN), cuya piedra angular es el trasvase del Ebro.Mi primera reacción fue de indignación al observar que el PHN era considerado frívolamente por el autor como un "logro" que la manifestación aragonesa había venido a malograr. Esta consideración me parece adolecer de una gran insolidaridad, puesto que sólo basa su apreciación en las ventajas que dicho proyecto pueda suponer para la Comunidad Valenciana, sin tener en cuenta lo que en otros territorios del Estado se tendría que pagar para satisfacer las demandas del litoral mediterráneo.

"Va y vienen los aragoneses y nos aguan la fiesta", sostiene Vicent Franch. Fue ciertamente la de Zaragoza una respuesta multitudinaria orquestada por el Gobierno de la Comunidad, cuya magnitud sólo se puede explicar por la cerrada y secular oposición que Aragón ha presentado a que su rico vecino se llevara el agua para Barcelona. En ello yo entiendo que ha habido una cierta manipulación de la sociedad consistente en hurgar en sus más viejas heridas. La respuesta aragonesa ha sido el rechazo de un modelo de desarrollo que prima las zonas ricas en detrimento de las menos ricas; rechazo a presenciar impasibles el abandono de sus tierras para que la España opulenta vea aumentar su riqueza colectiva.

Muchos defensores del trasvase apuntan la posibilidad de que las comunidades receptoras pudiesen pagar un alto tributo a la Comunidad aragonesa para poder disfrutar de su más preciado recurso natural. Otros señalan que el mismo PHN considera la completa realización de las propuestas del Pacto del Agua, lo que ya debería contentar al sector agrícola aragonés. Pero una cosa no se puede considerar sin la otra. Para que el río transporte el caudal necesario a las demandas creadas incluso en meses de estiaje, habría que almacenar el agua en la cuenca del Ebro en grandes embalses. El uso de los mismos podría satisfacer a los agricultores del Altoaragón, por ejemplo, que verán por fin atendida su deuda histórica; ahora bien, su construcción incidiría en la despoblación que ya sufren estas tierras, tradicionalmente deprimidas. Pregúntense, por favor, si de verdad desean hacer de esa tierra, que ustedes visitan en verano en busca del frescor de las cumbres, un depósito para almacenar el agua que derrocharan a la vuelta al trabajo.

El verdadero quid de la cuestión radica a mi entender en saber a quién va a favorecer esta costosísima y polémica desviación de caudales entrecuencas. Si va a servir para atender al campo, nos damos de bruces contra la promesa que encierra el mismo PHN de no permitir la creación de nuevos regadíos y de modernizar los existentes. ¿Para qué se necesita entonces semejante volumen de agua si se va a optimizar el uso de la ya existente? ¿Para el almacenamiento de excedentes generados por el trasvase? Si se optimizara el uso del agua para regadíos, la cifra del 85% de los recursos hídricos para agricultura descendería y compensaría el porcentaje de uso para agua de boca. Considerando esto así, la necesidad inducida de satisfacer la demanda turística sería banal, puesto que este sector dispondría de mucho mayor volumen de agua. Más aún si se modernizasen también los sistemas de canalización, tanto de irrigación como de consumo humano, que pierden hoy por hoy, en su obsolescencia, hasta un 50% del flujo.

El País Valenciano es una Comunidad en donde no abunda el agua, un desierto en muchas zonas del que se pretende hacer un vergel a manguerazo limpio. Una tierra árida que se permite el lujo de soñar con la construcción de sedientos parques acuáticos, de suntuosos campos de golf, de infinidad de mansiones unifamiliares engalanadas de verdes céspedes a la inglesa. Una tierra de promisión al estilo de Las Vegas que, como la megalómana ciudad estadounidense, requiere proyectos faraónicos y de gran repercusión mediática. Proyectos que no admiten discusión so pena de verse relegado al ostracismo de sus conciudadanos, sedientos de una solución fácil y rápida, tal es el clima de opinión que los grandes interesados han conseguido crear en la sociedad.

¿Quiénes deben pues de ser estos interesados? Aquellos a quienes tales obras de infraestructura beneficien directamente: los grandes constructores, y, en última instancia, aquellos cargos políticos encargados de propiciar el clima de opinión conveniente a su aceptación. Habiendo tanto en juego, no es extraño que las otras opciones -igual de caras, igual de efectivas, pero menos impactantes desde los puntos de vista medioambiental y social- sean menospreciadas y criticadas. Por eso se atreve Vicent Franch a tachar a aquellos valencianos que acudieron a Zaragoza "a firmar equívocos y demagógicos papeles que no ayudan a nada", de "gente que no representa a nadie". Considero que cualquier intento de acallar las voces disidentes, por poco numerosas que sean, es muestra de un complejo de superioridad moral, cuando no de autoritarismo. Hemos de escuchar pues las razones de todas las partes implicadas para evitar así que la facilidad de lo aprendido a machamartillo no nos ciegue en la emisión de nuestros juicios.

Francisco Domínguez es miembro de Ecologistas en Acción-Aragón y profesor de la Universidad de Alicante.