La joven atacada con ácido por su madre vivía en precario y sin ayudas

Santiago de Compostela La joven de 19 años que sufre graves quemaduras después de que su madre la atacase con ácido, el pasado lunes, en los pasillos de la Audiencia Provincial de Pontevedra, subsistía desde hace más de un año sin ninguna ayuda económica pública. Con 17 años, la chica quedó bajo tutela de la Xunta de Galicia después de que denunciase que estaba embarazada por una de las múltiples violaciones a las que la sometía su padre. Pero al alcanzar la mayoría de edad legal, en aplicación de la ley, abandonó la tutela de la Xunta y, alejada de su familia, sobrevivía por sus propios medio...

Santiago de Compostela La joven de 19 años que sufre graves quemaduras después de que su madre la atacase con ácido, el pasado lunes, en los pasillos de la Audiencia Provincial de Pontevedra, subsistía desde hace más de un año sin ninguna ayuda económica pública. Con 17 años, la chica quedó bajo tutela de la Xunta de Galicia después de que denunciase que estaba embarazada por una de las múltiples violaciones a las que la sometía su padre. Pero al alcanzar la mayoría de edad legal, en aplicación de la ley, abandonó la tutela de la Xunta y, alejada de su familia, sobrevivía por sus propios medios.

Incongruencias de la ley

La joven continúa ingresada en la unidad de quemados de la clínica Povisa de Vigo y, dentro de la gravedad de su estado -sufre quemaduras de segundo y tercer grado que afectan a 15% de su cuerpo-, evoluciona favorablemente, según informó ayer el centro sanitario. A pesar de los sedantes, se encuentra muy deprimida. "Se siente derrotada y desmoralizada", declaró ayer su abogada, Teresa Pazos.La joven fue agredida en los pasillos de la Audiencia Provincial de Pontevedra, cuando iba a declarar en el juicio contra su padre, que, según ella, la violaba a menudo desde que tenía 13 años, y su madre, a la que se acusa de un delito de omisión de auxilio.

Al descubrir su embarazo, la chica había llamado al teléfono del menor de la Xunta para denunciar los hechos. Quedó internada en un centro de menores de la Administración autonómica y un juez autorizó que se le practicase un aborto. La comparación entre el tejido del feto y una muestra de ADN extraída del padre de la chica confirmó que era él quien lo había engendrado. Sin embargo, al cumplir los 18 años y alcanzar la mayoría de edad legal, tuvo que abandonar la residencia pública y se quedó sin ningún tipo de ayuda económica.

"La ley tiene estas incongruencias", se quejaba ayer su abogada. De todos modos, educadores de la Xunta continuaron prestándole apoyo psicológico a título personal. Dos asistencias sociales de la Administración le acompañaban en el momento en que fue atacada por su madre y también sufrieron quemaduras leves al salpicarles el líquido corrosivo. La joven vivía, según ha relatado su abogada, "medio escondida" por el temor a sufrir represalias de la madre y en precario, con lo poco que ganaba con algunos trabajos esporádicos y las ayudas de su novio. "Actuamos en su día y estuvo bajo nuestra tutela", declaró ayer la consejera de Familia de la Xunta, Manuela López Besteiro, "pero una vez que un menor acogido cumple los 18 años, ya no podemos actuar". Otros tres hermanos de la joven, todos menores de edad, continúan bajo tutela de la Xunta. El padre está en la cárcel desde que se denunciaron los hechos, y la madre ingresó el pasado lunes tras su brutal agresión.

La abogada de la joven también se quejó de la falta de medidas de seguridad en el edificio de la Audiencia. "No me parece muy normal que haya podido suceder eso", declaró Teresa Pazos, "debería haber al menos un control de los objetos que se introducen, como el de cualquier aeropuerto". Delmiro Durán, portavoz de los funcionarios judiciales de Pontevedra, coincidió con la letrada. "Si ha pasado esto, puede suceder cualquier cosa", declaró.

Coincidiendo con estos hechos, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer una enmienda al proyecto de ley de Modificación del Estatuto del ministerio fiscal en la que propone la creación en las fiscalías de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales secciones específicas para los casos de violencia familiar.