Los abogados de los 40 'okupas' del cine Princesa no logran suspender el juicio
A punto de cumplirse cuatro años del desalojo del cine Princesa de Barcelona, ayer se inició en el Juzgado de lo Penal número 1 de esta ciudad el juicio contra los 40 okupas que supuestamente participaron en los hechos. El fiscal les acusa de un delito de usurpación, por la ocupación del cine, y de otro de resistencia, por los incidentes con la policía que causaron el 28 de octubre de 1996 durante el desalojo, en el que intervinieron numerosos efectivos, con helicóptero incluido.Por el primer supuesto delito, el fiscal reclama para cada uno 150.000 pesetas de multa, y por el segundo, nu...
A punto de cumplirse cuatro años del desalojo del cine Princesa de Barcelona, ayer se inició en el Juzgado de lo Penal número 1 de esta ciudad el juicio contra los 40 okupas que supuestamente participaron en los hechos. El fiscal les acusa de un delito de usurpación, por la ocupación del cine, y de otro de resistencia, por los incidentes con la policía que causaron el 28 de octubre de 1996 durante el desalojo, en el que intervinieron numerosos efectivos, con helicóptero incluido.Por el primer supuesto delito, el fiscal reclama para cada uno 150.000 pesetas de multa, y por el segundo, nueve meses de prisión. Entre los 40 acusados hay tres menores, para los que las peticiones del fiscal son de 60.000 pesetas y 30 fines de semana de arresto.
El juicio se suspendió el pasado 21 de junio por la incomparecencia de algunos de los acusados. Entonces acudieron 33 de los 40 okupas que debían sentarse en el banquillo y ayer la cifra se redujo a 25. Por ello, algunos de los 13 abogados defensores volvieron a reclamar la suspensión del juicio, pero el juez Salvador Camarena acordó que prosiguiera la vista aduciendo que la ausencia de los implicados respondía únicamente a una decisión personal de no acudir y, por tanto, no podía hablarse de indefensión.
En la fase de cuestiones previas, las defensas plantearon varias peticiones de pruebas testificales y documentales. Una de las más sorprendentes fue la del letrado Francesc Arnau, quien reclamó que se citara a declarar como testigo al actual presidente del PSOE, Manuel Chaves, y al secretario general del PP, Javier Arenas, dada la condición de ambos de ex ministros de Trabajo. Según Arnau, el Estado participó en una maniobra para vender por 95 millones de pesetas a una inmobiliaria el local que ocupaba el desaparecido cine Princesa y que reclama la CNT como patrimonio histórico.
Por su parte, el letrado Jaume Asens planteó que el fiscal retirara la acusación de usurpación porque cuando se ocupó el cine, el 10 de marzo de 1996, todavía no estaba en vigor el código penal que castiga esta conducta.