El Parlamento Europeo discute si los Quince pueden prohibirle el acceso a documentos de seguridad y defensa
¿Tiene derecho el ciudadano europeo al acceso a cualquier información sobre la seguridad militar de la UE? ¿Violan los Gobiernos los tratados al restringirlo? Dos de las instituciones comunitarias, Parlamento y Consejo de Ministros, litigan por la política europea común de seguridad y defensa (PESC) y las consecuencias sobre confidencialidad de documentos que la relación de la UE con la OTAN comporta.Gracias a la iniciativa del grupo de Los Verdes, la Eurocámara debate sobre si hay fundamento para llevar a los Quince ante el Tribunal de Justicia europeo por la decisión tomada el pasado julio d...
Primera reunión del COPS
¿Tiene derecho el ciudadano europeo al acceso a cualquier información sobre la seguridad militar de la UE? ¿Violan los Gobiernos los tratados al restringirlo? Dos de las instituciones comunitarias, Parlamento y Consejo de Ministros, litigan por la política europea común de seguridad y defensa (PESC) y las consecuencias sobre confidencialidad de documentos que la relación de la UE con la OTAN comporta.Gracias a la iniciativa del grupo de Los Verdes, la Eurocámara debate sobre si hay fundamento para llevar a los Quince ante el Tribunal de Justicia europeo por la decisión tomada el pasado julio de prohibir el acceso al público y de restringir a los diputados documentos clasificados de seguridad y defensa.
La Comisión Jurídica recomendó por mayoría la semana pasada a la presidenta del Parlamento, la conservadora francesa Nicole Fontaine, elevar recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE al sostener que la actitud de los Quince viola las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre acceso a documentos del Consejo. "No es justificable que se modifique un derecho recogido por el tratado con el argumento de la urgencia", explica Ana de Palacio (PPE), presidenta de esa comisión.
La PESC, y lo que supone la relación con la Alianza Atlántica, ha obligado a los Quince a restringir el acceso a documentos clasificados como secretos en ese ámbito, así como a instalar una red de seguridad en el propio edificio del Consejo antes de que todo el personal que forma parte de las nuevas estructuras de defensa sea trasladado a otra sede que ha sido ya elegida.
"Es de sentido común. Tales restricciones existen en todos los Parlamentos nacionales", opina una fuente diplomática. "Estamos dispuestos a dar las informaciones pertinentes, pero no tememos si deciden presentar recurso", ha afirmado un portavoz oficial de la presidencia francesa.
Antes de decir la última palabra, Fontaine se reunirá con el secretario del Consejo y responsable de política exterior de la UE, Javier Solana, y con el presidente de la Comisión, Romano Prodi, el próximo 19 de octubre.
Entretanto, ayer por la tarde, la sede del Consejo fue escenario del primer encuentro oficial del nuevo órgano político militar de la UE, el COPS, formado por representantes o embajadores de los 15 Estados miembros y de los 19 países que integran el Consejo Atlántico, además del secretario general de la OTAN, George Robertson, y Javier Solana. "Estamos actuando con transparencia y cooperación", manifestó Solana al subrayar que la Unión no quiere desarrollar su estructura de defensa a espaldas de la Alianza ni pretende crear un Ejército europeo. La UE quiere tener lista, no más tarde del año 2003, una fuerza de intervención rápida, compuesta por 60.000 soldados (capaz de desplegarse en un plazo máximo de 60 días) y de hasta 5.000 agentes de policía, para operaciones de prevención de conflictos y gestión de crisis fuera del territorio europeo. Los Quince no quieren dejar al margen de esta estructura a los otros seis países de la Alianza que no son miembros de la Unión, en un claro mensaje de tranquilidad a Turquía.