¿Privatización impecable o venta chapucera de un monopolio?

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, contó el pasado viernes, en una conferencia de prensa sin posibilidad de hacer preguntas, que la actuación del Ayuntamiento en el proceso de privatización de la funeraria municipal fue "impecable".Muchos organismos respetables no comparten esa opinión. El Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, tres instituciones cuyo prestigio se basa en el rigor, la independencia e imparcialidad, han encontrado anomalías, irregularidades y, en algún caso, hasta indicios de delito, en el proceso por el que el A...

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, contó el pasado viernes, en una conferencia de prensa sin posibilidad de hacer preguntas, que la actuación del Ayuntamiento en el proceso de privatización de la funeraria municipal fue "impecable".Muchos organismos respetables no comparten esa opinión. El Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, tres instituciones cuyo prestigio se basa en el rigor, la independencia e imparcialidad, han encontrado anomalías, irregularidades y, en algún caso, hasta indicios de delito, en el proceso por el que el Ayuntamiento vendió, en diciembre de 1992, un monopolio a precio de ganga. Cobró 200 millones por el 49% de una empresa que valía, al menos, 1.098 millones, según el interventor municipal. Y eso sin contar con las expectativas futuras de un negocio en el que nunca faltan clientes.

El interventor informó en contra de la adjudicación, pero el Gobierno municipal, en su actuación impecable, no hizo caso y adjudicó.

El monopolio municipal de la muerte registraba entonces pequeñas pérdidas, fundamentalmente atribuibles a la construcción de un tanatorio para servir mejor a los ciudadanos. Los números rojos de la funeraria municipal coincidieron en el tiempo con la llegada al poder de CDS y PP en el Ayuntamiento de Madrid.

El PP aprovechó la excusa de las pérdidas coyunturales para vender el patrimonio municipal en un concurso plagado de anomalías.

El Gobierno presidido por Álvarez del Manzano hizo el primer experimento de sus teorías privatizadoras con la funeraria municipal y en un proceso vertiginoso, que empezó en septiembre de 1992 y terminó en diciembre de ese mismo año, vendió el 49% del monopolio en unas condiciones que, según la Fiscalía Anticorrupción, supusieron "una vasta operación de enriquecimiento".

Los beneficiarios del negocio fueron, principalmente, los dueños de Funespaña, una pequeña sociedad que se alió con otro empresario, José Ignacio Rodrigo, que había sido antes asesor del Ayuntamiento en la privatización de la funeraria y que ahora es presidente de Funespaña. Aunque en el concurso no se fijaba la fórmula de administración de la funeraria, Funespaña se hizo en exclusiva con la gestión y cobró, por ello el 20% de los beneficios netos (en los últimos ocho años, la sociedad mixta ha ganado más de 6.000 millones).

La policía francesa asegura en un informe que 140 millones de los 200 con los que Funespaña compró el 49% de la funeraria procedían de un blanqueo de fondos cuyo responsable fue Rodrigo.

Impecable.