Difícil enmienda

A estas alturas, si una cosa está clara del polémico proceso de adjudicación de licencias de telefonía móvil es que el Gobierno de José María Aznar cometió un inmenso error en marzo pasado, cuando, a toda prisa y en vísperas de las elecciones, resolvió el concurso por el que ingresó sólo 86.000 millones de pesetas, frente a los 6,5 billones que poco después lograría el Reino Unido o los más de ocho que ha recaudado Alemania hace pocos días. La diferencia es tan abismal que los argumenttos esgrimidos en su día en favor del concurso suenan ahora ridículos. Una vez conocidos los fabulosos ingreso...

A estas alturas, si una cosa está clara del polémico proceso de adjudicación de licencias de telefonía móvil es que el Gobierno de José María Aznar cometió un inmenso error en marzo pasado, cuando, a toda prisa y en vísperas de las elecciones, resolvió el concurso por el que ingresó sólo 86.000 millones de pesetas, frente a los 6,5 billones que poco después lograría el Reino Unido o los más de ocho que ha recaudado Alemania hace pocos días. La diferencia es tan abismal que los argumenttos esgrimidos en su día en favor del concurso suenan ahora ridículos. Una vez conocidos los fabulosos ingresos logrados por la Hacienda alemana, la oposición acusó a Aznar de regalar las licencias y de renunciar a un dinero con el que los socios europeos de España mejorarán su capacidad de competir internacionalmente, al dedicar estos recursos a inversiones en infraestructura, investigación o recorte de impuestos. Tras estallar la polémica en España, el Ejecutivo se ha puesto a buscar una fórmula con la que compensar los bajos ingresos que el concurso que diseñó le ha deparado, prueba evidente de que es consciente de haber dañado los intereses del Estado con aquella decisión. Las posibilidades de que lo logre son bien escasas.

De momento, y en perfecta sintonía con anteriores actuaciones, sólo se sabe lo que no va a hacer. El Ejecutivo parece haber descartado una operación de cirugía mayor: declarar nulo el concurso de marzo y convocar una subasta que le permita una recaudación en línea con el resto de Europa, y que la mayoría de los cálculos cifran en unos cuatro billones de pesetas.

Parece una decisión correcta. Dejar de ingresar cuatro billones de pesetas es un error político por el que el Gobierno debe dar explicaciones inmediatamente; pero anular un concurso internacional por culpa de la precipitación y el cúmulo de negligencias con el que se convocó podría convertirse en un desastre gigantesco. Habría que hilar muy fino para evitar que una decisión que cuestionase el principio de seguridad jurídica inherente a todo Estado de derecho arrojara sobre España una imagen de república bananera en la que el Gobierno de turno hace y deshace en función de sus intereses.

Descartada al parecer esa salida, el equipo económico del Ejecutivo está buscando frenéticamente una alternativa menos traumática que le permita, por una parte, salvarse del acoso político que previsiblemente se desatará en el inminente inicio del curso político, y que, por otra, no chirríe demasiado en el conjunto de la normativa sobre telecomunicaciones. Las dos opciones más barajadas consisten en aumentar el canon anual que las operadoras pagan por las licencias (el 1,5 por mil de sus ingresos brutos) o fijar un sistema de precios máximos para que los usuarios españoles paguen menos que los alemanes por utilizar el futuro móvil multimedia. Pero ninguna de las dos resulta satisfactoria.

Aumentar la tasa hasta donde permiten las leyes vigentes (un 2 por mil de los ingresos brutos de explotación) apenas tendrá efectos recaudatorios. Fijar precios máximos, además de ir en contra de la filosofía política del Gobierno (que la competencia resulta el mejor camino para lograr tarifas justas), tiene un inconveniente mayor. Vista la diferencia entre lo ingresado por Alemania y España por las licencias, el usuario español debería pagar por utilizar el móvil un 1% de lo que paguen los alemanes. Una cifra que suena a broma. Y de no ser así, los españoles tendrán la sensación de que con su factura del móvil están contribuyendo a las arcas públicas alemanas, dado que algunas compañías que ofrecerán servicio en España también lo harán en Alemania (Telefónica, por ejemplo). Siendo similar en ambos países el coste de desplegar la infraestructura necesaria, resulta ingenuo negar que el ahorro de costes en España por las bajas licencias no contribuye a financiar el billón y medio que cada compañía ha pagado por operar en Alemania.

Encontrar una salida resulta complicado, pero ello no justifica la silente pasividad del Gobierno. Ningún responsable político ha ofrecido explicación alguna a los ciudadanos, a la espera quizá de que el temporal amaine. Pero, a juzgar por las declaraciones de la oposición, no amainará, y septiempre está a la vuelta de la esquina. El Ejecutivo está obligado a, primero, ofrecer una explicación sobre las razones que le llevaron a convocar con tanta premura un concurso que, a la luz de lo sucedido después, se ha revelado como un desacierto total, en el mejor de los casos, o una operación favorable a determinados intereses, en el peor. Segundo, a buscar de forma consensuada con la oposición y las compañías afectadas una solución que repare, en lo posible, el desacierto cometido en marzo.