Mujer, cuesta arriba

El sistema de protección no se ha adaptado suficientemente a la incorporación masiva de la mujer al trabajo, según la conclusión del Informe sobre protección social de las mujeres aprobado la semana pasada por el Consejo Económico y Social (CES). Un ejemplo reciente de esa situación acaba de ser corregido por el Tribunal Constitucional al conceder el amparo a una profesional de la sanidad que trabajaba en régimen de interinidad y a la que los tribunales habían negado el derecho a excedencia legalmente previsto para el cuidado de hijos menores de 3 años.La incorporación femenina al merca...

El sistema de protección no se ha adaptado suficientemente a la incorporación masiva de la mujer al trabajo, según la conclusión del Informe sobre protección social de las mujeres aprobado la semana pasada por el Consejo Económico y Social (CES). Un ejemplo reciente de esa situación acaba de ser corregido por el Tribunal Constitucional al conceder el amparo a una profesional de la sanidad que trabajaba en régimen de interinidad y a la que los tribunales habían negado el derecho a excedencia legalmente previsto para el cuidado de hijos menores de 3 años.La incorporación femenina al mercado del trabajo es un fenómeno imparable. Durante los últimos 20 años, el número de hombres empleados en la Unión Europea (86 millones) apenas ha variado, mientras que las mujeres han pasado de 46 a 61 millones. España ha experimentado también este ascenso (hoy trabaja el 29% de la población femenina), pero, ciertamente, avanzando cuesta arriba. Todavía hoy cien veces más mujeres que hombres se dedican en exclusiva a las tareas domésticas. Y aquellas que logran un empleo se encuentran con un horizonte azotado por la temporalidad y el paro, cuando no les lastra en su desarrollo profesional la falta de equidad en el reparto de las tareas del hogar: el 17,3% de las mujeres que tienen un empleo lo compagina con el trabajo en el hogar. Cuatro veces superior al porcentaje de hombres que hacen esa doble jornada (4,2%).

El desfase es evidente y, como constata el informe del CES, arranca en parte de un sistema de protección social anticuado que aún penaliza a la mujer y que convierte la responsabilidad familiar, pese a su consideración de hecho natural, en una rémora para la integración y el desarrollo laboral. Un factor que explica en parte la caída de la natalidad.

Esta discriminación indirecta, que sortea la igualdad establecida por ley, permite, por ejemplo, que una mujer que por maternidad ejercita su derecho a ausentarse de la actividad laboral vea cómo quedan mermadas sus cotizaciones frente al hombre que se queda en el puesto de trabajo. La brecha también se abre entre las propias mujeres: entre aquellas que disponen de un empleo y aquellas que nunca tuvieron posibilidad de trabajar. Estas últimas sufren, en gran parte por causas ajenas a su voluntad, una clara desventaja en su relación con la Seguridad Social y sus prestaciones.

Tampoco mejora la situación en el caso de las familias monoparentales, unas 300.000, de las que el 87% corre a cargo de mujeres, en su mayoría menores de 45 años. A este colectivo el paro le afecta el doble que al de los hombres que encabezan este tipo de hogares. Es lo que se ha denominado la feminización de la pobreza, un fenoméno que alcanza asimismo a las jubiladas y pensionistas que viven solas.

Ante estos ejemplos, destacados por el CES, la petición de un cambio en el sistema de protección social es más que la conclusión de un informe o la propuesta de unos sindicatos; se trata de acabar con una enraizada discriminación que afecta a los sectores más desprotegidos de la sociedad.