El Supremo multa con 36 millones a Puigneró por contratar a ilegales

El Tribunal Supremo ha sancionado con 36,5 millones de pesetas a la empresa textil Hilados y Tejidos Puigneró por la contratación de 73 inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia.La empresa, situada en la población barcelonesa de Sant Bartomeu del Grau, es propiedad del industrial Josep Puigneró, que fue el primero en España en ingresar en la cárcel -para cumplir una condena de 4 años- por un delito contra el medio ambiente.

Pese a la condena, el Supremo rebaja la sanción de 73 millones -un millón por cada inmigrante sin papeles contratado por la empresa- que el Consejo de Ministro...

El Tribunal Supremo ha sancionado con 36,5 millones de pesetas a la empresa textil Hilados y Tejidos Puigneró por la contratación de 73 inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia.La empresa, situada en la población barcelonesa de Sant Bartomeu del Grau, es propiedad del industrial Josep Puigneró, que fue el primero en España en ingresar en la cárcel -para cumplir una condena de 4 años- por un delito contra el medio ambiente.

Pese a la condena, el Supremo rebaja la sanción de 73 millones -un millón por cada inmigrante sin papeles contratado por la empresa- que el Consejo de Ministros impuso el 2 de noviembre de 1990. El Alto Tribunal estima que la compañía "puso en conocimiento de la autoridad laboral el grave problema existente de falta de trabajadores".

Aunque este argumento no exculpa a la empresa de la infracción de las normas laborales, el tribunal señala que le sirve como atenuante en la graduación de la multa y la sitúa en medio millón de pesetas por cada trabajador contratado.

La multa impuesta por el Tribunal Supremo es la mínima prevista en estos casos, pues Hilados y Tejidos Puigneró "posibilitó la intervención de la Administración y le hizo saber la problemática que la acuciaba [por falta de mano de obra], a fin de obtener la solución adecuada", dice el Supremo.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo también valora en su sentencia que, con posterioridad a la contratación de los 73 inmigrantes ilegales, la empresa "realizó la actividad necesaria para la oportuna protección de los derechos de los trabajadores, contratando los oportunos seguros".

Hilados y Tejidos Puigneró recurrió la sanción que le impuso el Consejo de Ministros ante el Supremo y alegó, entre otros motivos, la prescripción de los hechos y la falta de competencia de este consejo para imponer la sanción. Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza estos alegatos hechos por la empresa textil.