Tarancón retira el concierto al colegio privado en el que inauguró el curso

La orden de Educación de anulación del polémico concierto con el colegio privado María de Icíar, de Riba-roja, fue notificada a la empresa la semana pasada y entró en vigor el sábado 22 de julio. Con la revocación, la administración educativa informó ayer que "deja de asumir las obligaciones que competían en ejecución del concierto que son: pago de las nóminas del profesorado y pago de la seguridad social de los docentes". En conjunto, la subvención suponía 192 millones al año a cargo de los Presupuestos.La consejería subrayó que la tercera partida del concierto, la de gastos de funcionamiento que se entregan normalmente directos a la empresa, "estaban congelados desde el inicio del pasado curso". La directora de Centros, Concha Gómez, responsable de la planificación, puntualizó que la medida se había notificado ya a la inspección educativa: "Desde hoy mismo [por ayer] se está trabajando en la escolarización de los alumnos. Tal es así, que el próximo lunes la directora territorial de Valencia mantendrá una reunión con los padres de alumnos para ponerles al corriente". La Administración pretende que los alumnos matriculados en el María de Icíar tengan plaza gratuita asegurada en otro centro público o concertado de la zona.

El proceso se produce después de que el pasado 22 de junio Educación publicara en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el trámite de cambio de titularidad y empresa iniciado por los propietarios del María de Icíar SA, la familia de Begoña Rey de Arteaga, para eludir los controles fiscales introducidos por el Consell a la normativa de conciertos, tras conocerse la deuda que mantienen con la Seguridad Social y Hacienda. Los propietarios pretendían mantener el concierto a través de la firma Garival 2001, SL, dedicada al alquiler de equipos de oficinas, que tiene deudas por valor de 2,5 millones.

La publicación alertó al portavoz de Educación del PSPV, Baltasar Vives, que pidió por escrito a Tarancón que informara a las Cortes del estado del caso. Por otra parte, CC OO denunció la flexibilidad de las normativa con que se aplican los conciertos y pidió que los colegios privados concertados sean inspeccionados y sometidos al mismo control que los públicos.