Schröder intenta desatascar hoy la aplazada reforma fiscal alemana
El Bundesrat (la Cámara de los länder o Estados federados alemanes) decide hoy sobre el futuro de la reforma fiscal, un proyecto político clave del Gobierno socialdemócrata-verde que preside Gerhard Schröder para estimular la inversión y reducir el desempleo en Alemania. La reforma, elaborada por el ministro de Finanzas, Hans Eichel, tiene el apoyo de un amplio espectro del empresariado y de los sindicatos, desde el presidente de la compañía aseguradora Allianz, Henning Schulte-Noelle, hasta el jefe del poderoso sindicato IG Metall, Klaus Zwickel.
Sin embargo, los principales partidos d...
El Bundesrat (la Cámara de los länder o Estados federados alemanes) decide hoy sobre el futuro de la reforma fiscal, un proyecto político clave del Gobierno socialdemócrata-verde que preside Gerhard Schröder para estimular la inversión y reducir el desempleo en Alemania. La reforma, elaborada por el ministro de Finanzas, Hans Eichel, tiene el apoyo de un amplio espectro del empresariado y de los sindicatos, desde el presidente de la compañía aseguradora Allianz, Henning Schulte-Noelle, hasta el jefe del poderoso sindicato IG Metall, Klaus Zwickel.
Sin embargo, los principales partidos de la oposición, la Unión Cristiana Democrática (CDU) y su socio bávaro la Unión Social Cristiana (CSU), se oponen a los planes fiscales del Gobierno y alegan, entre otras cosas, que éstos benefician a las grandes empresas en detrimento de los empresarios medios, menos favorecidos. La CDU-CSU ha pedido a sus representantes regionales que cierren filas y rechacen la reforma en el Bundesrat, donde el Gobierno federal no tiene asegurada la mayoría. La sesión del Bundesrat es la última que esta Cámara celebra en Bonn, antes de trasladarse a Berlín. En el orden del día figuran nada menos que 80 temas; entre ellos, parte de la normativa para la inmigración de 20.000 especialistas informáticos por un plazo máximo de cinco años. La CSU, que en principio se oponía vehementemente, ha salido al paso del proyecto gubernamental -etiquetado como la green card alemana- con un plan menos burocrático, bautizado como blue card (por el color de la bandera de Baviera), para la inmigración de informáticos según la duración de sus contratos.
Los pronósticos sobre la suerte de la reforma fiscal en el Bundesrat resultaban ayer aventurados. El desenlace no sólo depende de los intereses y la disciplina de partido, sino del provecho -y perfil económico y fiscal- de las regiones, que van a tener que sacrificar una parte de sus ingresos para aliviar las contribuciones de empresas y ciudadanos. También depende del resultado de las negociaciones entre bastidores que el Gobierno ha mantenido hasta última hora con el fin de debilitar las filas de la oposición. Anoche, el canciller Gerhard Schröder se reunía en Bonn con los jefes de Gobierno regionales para ganarse a aquellos donde existen coaliciones entre partidos políticos que están enfrentados a nivel federal y que suelen abstenerse en las votaciones que oponen a sus partidos gobernantes en el Bundesrat.
La presidenta de la CDU, Angela Merkel, criticó ayer la reunión que Schröder había previsto con Angelika Gramkow, la presidenta del grupo parlamentario del PDS, en el Estado de Mecklenburgo-Antepomerania, donde gobierna una coalición de socialdemócratas y ex comunistas. Es la primera vez que el canciller en persona negocia directamente con un representante de los antiguos comunistas de la RDA, lo que para Merkel es "una señal extraordinariamente mala para Alemania". Medios políticos en Berlín señalaban que Schröder prometería inversiones en infraestructuras en la región a cambio del apoyo a la reforma fiscal.
La aprobación de la reforma hoy, viernes, tiene gran contenido simbólico, ya que supondría una clara señal a los inversores de que se ha desatascado por fin uno de los capítulos más tediosos y difíciles de la política alemana. La necesidad de una amplia reforma fiscal que simplifique el sistema tributario comenzó a debatirse en 1994. En la anterior legislatura, el Partido Socialdemócrata (SPD), con Oskar Lafontaine a la cabeza, bloqueó la reforma fiscal de la CDU y este partido paga ahora al SPD con la misma moneda. Entre ambos partidos existe, sin embargo, un amplio consenso sobre la necesidad de que la reforma entre en vigor en enero de 2001.
De no aprobarse hoy, el Gobierno y la oposición pueden volver a convocar una comisión mediadora en otoño. El SPD, sin embargo, quisiera dejar cerrado el tema para evitar que se convierta en el culebrón del verano y también por una cuestión de prestigio. La CDU, aún debilitada por el escándalo de las cuentas clandestinas de Helmut Kohl, no puede permitirse el lujo de que la acusen de obstruccionismo. Los argumentos según los cuales la reforma perjudica a los empresarios medios no resultan muy convincentes a juzgar por las críticas de empresarios de este sector a las que ha tenido que enfrentarse Merkel en un viaje por distintas regiones de Alemania.
"La reforma fiscal no merece un premio de belleza, pero tampoco un bloqueo", escribía el semanario Die Zeit, apuntando que es un paso en el alivio fiscal a los empresarios alemanes, pero que no simplifica el sistema impositivo.