PSOE e IU ven la "larga mano del Gobierno" en el cierre del 'caso Ercros'

La decisión del Tribunal de Cuentas de no admitir a trámite la acción pública presentada por los socialistas contra el Gobierno por haber condonado en 1998 una deuda de 8.500 millones de pesetas a Ercros -empresa de la que el ministro Josep Piqué fue presidente- fue ayer muy duramente criticada por la oposición. PSOE e Izquierda Unida se olvidaron de la supuesta independencia del Tribunal de Cuentas y achacaron su decisión directamente a la "larga mano del Gobierno", que estaría detrás del carpetazo dado por este órgano al asunto.

Los socialistas, que han anunciado que pedirán una comis...

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La decisión del Tribunal de Cuentas de no admitir a trámite la acción pública presentada por los socialistas contra el Gobierno por haber condonado en 1998 una deuda de 8.500 millones de pesetas a Ercros -empresa de la que el ministro Josep Piqué fue presidente- fue ayer muy duramente criticada por la oposición. PSOE e Izquierda Unida se olvidaron de la supuesta independencia del Tribunal de Cuentas y achacaron su decisión directamente a la "larga mano del Gobierno", que estaría detrás del carpetazo dado por este órgano al asunto.

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Los socialistas, que han anunciado que pedirán una comisión de investigación y que recurrirán contra el auto, trataron ayer de ofrecer todos los argumentos posibles para demostrar que ha sido el Gobierno el que ha tomado la decisión de dar carpetazo al caso Ercros, al menos en lo que se refiere al Tribunal de Cuentas, y luego ha impuesto esa decisión a Antonio de la Rosa, el consejero de este organismo que ha resuelto no admitir la acción pública presentada por el PSOE.El argumento fundamental ofrecido ayer por los socialistas Ángel Martínez Sanjuán y Antonio Cuevas es que en el auto redactado por De la Rosa se repiten casi de forma "calcada" los argumentos que utilizaron los miembros del Ejecutivo, el propio Piqué y otros diputados del PP cuando el asunto se trató en el Congreso de los Diputados. Además de atribuir al Gobierno socialista de 1993 el posible perjuicio a la Hacienda pública que se deriva de la condonación de la deuda -entonces se negoció el crédito, pero la condonación se concedió en 1998-, el auto, según los socialistas, llega a ser "insultante" contra ellos, ya que entra en el fondo de la intenciones de los diputados socialistas al presentar la acción pública y lo hace para criticarlas.

Más argumentos, siempre según el PSOE, para demostrar que la decisión no ha sido más que una "cacicada" dirigida desde el Ejecutivo: es la primera vez, dicen, que ni siquiera se admite a trámite una acción pública a pesar de la discrepancia clara entre el abogado del Estado y el fiscal. Y ahí está otro de los argumentos: el abogado del Estado, en vez de defender a la Hacienda pública, que ha perdido 8.500 millones al condonarse una deuda, se puso del lado del Gobierno y apostó por no admitir a trámite la acción pública.

Los socialistas llegaron a utilizar un argumento de carácter familiar: el parentesco del consejero Antonio de la Rosa, que tomó la decisión definitiva, con el ministro de Economía, Rodrigo Rato. Los socialistas destacaron ayer en diversas ocasiones que De la Rosa es "concuñado" de Rato, y sostuvieron que esa relación ha condicionado claramente la decisión del consejero.

María Teresa Fernández de la Vega, secretaria general del Grupo Socialista, esgrimió, como nuevo argumento para demostrar la injerencia del Gobierno en este caso, la postura del fiscal. Dijo que si, después de haber pedido que se investigara la condonación, ahora se echa para atrás, demostrará que está presionado por el Ejecutivo.

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Y el último argumento: según el PSOE, el presidente del Gobierno, José María Aznar, renovó su confianza en Piqué nombrándolo ministro de Asuntos Exteriores porque estaba convencido de que Piqué -ministro de Industria cuando fue condonada la deuda de la empresa de la que había sido presidente- sería exculpado en todos los procesos que tenía pendientes.

Otros grupos de la oposición se mostraron igualmente "sorprendidos" por la decisión del carpetazo, que achacaron a la presión del Ejecutivo. IU, en boca de su portavoz en asuntos económicos, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de "interferir e intervenir" en todas las investigaciones destinadas a aclarar las actividades de Piqué, algo que, en su opinión, sólo puede significar que el ministro "oculta algo".

Para el PP, "razonable"

El PP, que sale claramente beneficiado con esta medida, se mostró "respetuoso" con la decisión. Vicente Martínez Pujalte, portavoz adjunto del PP en el Congreso, calificó de "razonable" el auto de De la Rosa y se mostró satisfecho porque en la argumentación se recoge la tesis del PP: que la decisión de condonar la deuda en 1998 -con Piqué en el Consejo de Ministros- surge de una negociación de 1993, cuando Felipe González era jefe del Gobierno y Piqué presidente de Ercros.

Los populares, además, usaron ayer su mayoría aboluta en el Congreso para lograr que la Mesa rechazara una pregunta del diputado socialista Rafael Estrella en la que se interesaba por saber si el ministro de Asuntos Exteriores o alguno de sus familiares más directos tienen intereses en algún país extranjero.

Sin recurso de la fiscalía

El equipo de fiscales del Tribunal de Cuentas se inclina por no presentar recurso contra la decisión del consejero Antonio de la Rosa de no admitir a trámite la acción pública presentada por tres representantes socialistas para que se inicie un procedimiento de responsabilidad contable contra quienes decidieron perdonar a Ercros 8.500 millones de un crédito concedido por el ICO en 1994. Los fiscales del Tribunal de Cuentas mantuvieron ayer por la mañana una reunión informal en la que prevaleció el criterio de no presentar recurso. La fiscalía se había mostrado hasta ahora partidaria de la admisión a trámite de la acción pública, a diferencia de la abogacía del Estado y del consejero responsable de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Cuando los representantes socialistas presenten su recurso, será examinado por la sala de apelación de ese tribunal, que lo remitirá al servicio jurídico del Estado y al ministerio fiscal para que expresen su parecer. Cabe la posibilidad de que, en ese trámite, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estime que esté fundada la presentación del recurso.

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