La curva
La Fiscalía de Cádiz acusa a dos de las personas que participaron en la manifestación en Tarifa contra la instalación del cable eléctrico destinado a unir España y Marruecos de un delito de desórdenes públicos. Estima que los acusados indujeron directa o indirectamente a los manifestantes y causaron daños en las obras de instalación. Pretende que el juez les imponga una pena de dos años de prisión y que paguen tres millones de pesetas en concepto de indemnización.La posible comisión de un delito y la presencia del Ministerio Fiscal en labores de acusación es lo normal en un Estado de derecho. ...
La Fiscalía de Cádiz acusa a dos de las personas que participaron en la manifestación en Tarifa contra la instalación del cable eléctrico destinado a unir España y Marruecos de un delito de desórdenes públicos. Estima que los acusados indujeron directa o indirectamente a los manifestantes y causaron daños en las obras de instalación. Pretende que el juez les imponga una pena de dos años de prisión y que paguen tres millones de pesetas en concepto de indemnización.La posible comisión de un delito y la presencia del Ministerio Fiscal en labores de acusación es lo normal en un Estado de derecho. Sin embargo, los hechos que se están juzgando, el esfuerzo probatorio de la acusación pública -23 testigos- y la presencia de una plataforma de ciudadanos en defensa de los acusados hacen que este juicio no sea uno más.
Esta semana -la pasada unos jueces se emplearon en no considerar violación la introducción violenta de dedos en la vagina-, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un presunto narcotraficante. La sentencia reprocha al juez y al fiscal sus actuaciones durante la instrucción, ya que, al decir de la Audiencia, han sido determinantes para absolver al presunto. También se ha conocido que un juez ha mantenido en prisión, durante más de 20 días, a una deficiente mental.
Son resoluciones que no ayudan a mejorar la opinión que la sociedad tiene de su Justicia, sin que pueda cambiar la curva de desprestigio si sus representantes públicos no se ponen de acuerdo en la forma de entender la defensa de la sociedad, como está sucediendo en el juicio de Algeciras, en el que el Ministerio Fiscal, que es el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, acusa de un delito de desórdenes, y el Defensor del Pueblo andaluz, que tiene el mismo encargo, apoya a los acusados.
Tal vez si el Pacto de Estado por la Justicia, además de dedicar su atención a eliminar las causas de una dilación eterna, buscara nuevas vías para exigir responsabilidad a jueces y fiscales sin que ésta se agote en meros reproches cuando sus actos puedan dar lugar a absoluciones de presuntos y a prisiones de deficientes, que son las que provocan alarma social, podría empezar a cambiar el signo de la curva.
EUGENIO SUÁREZ PALOMARES