El juez imputa al alcalde de Alboraia por prevaricación tras precintar varios 'pubs'
El alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, del PP, comparecerá en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Moncada como imputado por la comisión de dos supuestos delitos, irregularidades que podría haber cometido al clausurar e impedir el acceso a varios locales de ocio que, hasta el pasado verano, funcionaban en un tramo de la playa de esa localidad. El juez ha acusado al primer edil, con carácter cautelar y a petición de los querellantes, de prevaricación y vulneración de los derechos cívicos. El magistrado ha citado al alcalde el próximo día 20. Entonces, Álvaro deberá aclarar ...
El alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, del PP, comparecerá en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Moncada como imputado por la comisión de dos supuestos delitos, irregularidades que podría haber cometido al clausurar e impedir el acceso a varios locales de ocio que, hasta el pasado verano, funcionaban en un tramo de la playa de esa localidad. El juez ha acusado al primer edil, con carácter cautelar y a petición de los querellantes, de prevaricación y vulneración de los derechos cívicos. El magistrado ha citado al alcalde el próximo día 20. Entonces, Álvaro deberá aclarar si, tal como denuncia un empresario que operaba en la zona, el Ayuntamiento decidió clausurar tres establecimientos de ocio atendiendo a un único argumento: el mandato establecido en el programa electoral que llevó al PP a gobernar Alboraia.
De hecho, y cómo mínimo en aplicación de las promesas hechas en la campaña de junio, las autoridades municipales precintaron un mes después, en julio de 1999, los chiringuitos, a caballo entre el pub y la discoteca y ubicados, fuera de cualquier recinto, en plena playa. Aunque los denunciantes destacan que sus establecimientos funcionaban dentro de la legalidad, los vecinos de la zona -colindante con el término de Valencia- habían protestado reiteradamente por las molestias que generaba su actividad.
En cualquier caso, los empresarios sostienen que Álvaro actuó de manera absolutamente arbitraria por varias razones. En primer lugar, porque no se puede revocar una licencia de actividad sin la incoación de un expediente previo, trámite administrativo que demora mucho las decisiones de este tipo. En segundo, porque el alcalde restringió el tránsito de vehículos por la zona -antes de cerrar los locales- sin razón que justificara esta medida, encaminada a frustrar el acceso a los locales de ocio y que podría ser constitutiva, siempre según los denunciantes, de un delito de vulneración de derechos cívicos.
Álvaro no opina así. El edil aseguró ayer que el cierre de los chiringuitos se produjo, con el aval de la secretaría y los asesores juridicos del Ayuntamiento, porque los locales no se ajustaban a la actividad que podían ejercer: la de merendero. Bien al contrario, funcionaban hasta alta hora de la madrugada y con música más que ambiental. Por ello, dice el alcalde, se precintaron los equipos de musica, primero, y una vez cerrado el expediente oportuno, los locales.