El Gobierno navarro niega coacciones en la dimisión de su equipo de política lingüística
El Gobierno de Navarra negó ayer haber ejercido presión alguna sobre el equipo de técnicos de la Dirección General de Política Lingüística, que presentó en bloque su dimisión el pasado jueves por desacuerdos con la llamada guerra del euskera. El partido gobernante, el regionalista Unión del Pueblo Navarro (UPN-PP), anunció recientemente su intención de revisar el desarrollo de la ley que regula el uso e implantación de la lengua vasca, por considerar que puede ser discriminatorio para los navarros que no conocen el euskera (más del 85% de la población). El presidente, Miguel Sanz, coincidió...
El Gobierno de Navarra negó ayer haber ejercido presión alguna sobre el equipo de técnicos de la Dirección General de Política Lingüística, que presentó en bloque su dimisión el pasado jueves por desacuerdos con la llamada guerra del euskera. El partido gobernante, el regionalista Unión del Pueblo Navarro (UPN-PP), anunció recientemente su intención de revisar el desarrollo de la ley que regula el uso e implantación de la lengua vasca, por considerar que puede ser discriminatorio para los navarros que no conocen el euskera (más del 85% de la población). El presidente, Miguel Sanz, coincidió con el secretario general del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, a la hora de señalar que respeta pero no comparte la decisión de Fernando Pérez de Viñaspre, Juan Ramón Elorz y José Manuel Urroz, hasta ahora máximos responsables de Política Lingüística. Éstos señalaron en una nota conjunta la "imposibilidad" de trabajar en "las actuales condiciones" de presión sobre la ley del Vascuence.La presidenta de Eusko Alkartasuna (EA) y parlamentaria navarra, Begoña Errazti, denunció la "instrumentalización partidista" que UPN y PSN hacen de la lengua vasca y atribuyó las dimisiones a la iniciativa de ambos partidos para recortar los derechos legales de los vascoparlantes. En la misma sintonía se expresaron la formación política Batzarre, la Federación de Ikastolas, la Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y otros colectivos.
Miguel Sanz lo negó rotundamente y aseguró que su Gobierno los hubiera destituido de haberlo deseado. Por el contrario, atribuyó su abandono a presiones "de fuera" y alabó el "leal" trabajo realizado por todos ellos. "Están en su derecho de irse si no les ha gustado la iniciativa del Gobierno para modificar el decreto de uso y regulación del vascuence en el acceso a la Administración pública. Nosotros entendemos que eso no es ninguna presión, sino atender la voluntad mayoritaria de la sociedad navarra para que los castellanoparlantes no se vean discriminados", precisó el presidente navarro.