Alonso cree en la "buena fe" de Cuerda al alquilar el edificio de San Prudencio, 30
El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, eximió ayer al equipo de gobierno anterior y a su predecesor en el cargo, el peneuvista José Ángel Cuerda, de toda responsabilidad en la operación que terminó con el alquiler por 20 años de un edificio propiedad del grupo empresarial de José Antonio Gordo, que anteriormente había sido ofrecido en compra. A la espera de un informe de los servicios jurídicos, Alonso señaló que Cuerda "puede estar tranquilo desde el punto de vista personal" y destacó que no considera que desde el consistorio nadie actuara de "mala fe". El estudio sobre el posible perjuicio e...
El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, eximió ayer al equipo de gobierno anterior y a su predecesor en el cargo, el peneuvista José Ángel Cuerda, de toda responsabilidad en la operación que terminó con el alquiler por 20 años de un edificio propiedad del grupo empresarial de José Antonio Gordo, que anteriormente había sido ofrecido en compra. A la espera de un informe de los servicios jurídicos, Alonso señaló que Cuerda "puede estar tranquilo desde el punto de vista personal" y destacó que no considera que desde el consistorio nadie actuara de "mala fe". El estudio sobre el posible perjuicio económico que pudiera derivarse del alquiler de la antigua sede de la Vital, situada en el número 30 de la calle San Prudencio (fue adquirido por la caja de pensiones de Iberdrola y, tras una enrevesada operación, ha terminado en manos de Gordo y su socio Javier Sáenz de Valluerca) pasa por unos hechos que quiso recapitular Alonso.En su relato, el inmueble fue ofrecido inicialmente al consistorio por 900 millones, a condición de que abandonase las oficinas de la calle General Álava. "Se presentó una tasación de 1.300 millones de pesetas para reforzar el argumento", indicó el alcalde, que subrayó que la operación no era interesante "porque el edificio de General Álava vale más de 300 millones y además el Ayuntamiento no tenía dónde ubicar sus oficinas".
La preocupación de Alonso pasa por el motivo que llevó a la Caja Vital a vender luego el inmueble de San Prudencio a la caja de pensiones de Iberdrola por 800 millones (en la práctica se pagaron menos de 700), una oferta mucho más beneficiosa que la efectuada al consistorio. "No puedo decir que el equipo anterior realizara la operación para provocar un quebranto en el patrimonio público, ya que sería una barbaridad porque presupondría la mala fe", indicó.