Archivada una querella contra el ex alcalde de Sant Boi por un estudio
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sant Boi (Baix Llobregat) ha dictaminado el archivo de la querella contra el socialista Francesc Xavier Vila, ex alcalde de esta población, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la adjudicación de un estudio a una empresa, algunos de cuyos responsables eran militantes del PSC. La juez considera que durante las diligencias judiciales se acreditó la inexistencia de irregularidades en el proceso y que "el destino al que se dedican los fondos públicos fue asignado por los propios organismos municipales". La querella contra el primer al...
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sant Boi (Baix Llobregat) ha dictaminado el archivo de la querella contra el socialista Francesc Xavier Vila, ex alcalde de esta población, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la adjudicación de un estudio a una empresa, algunos de cuyos responsables eran militantes del PSC. La juez considera que durante las diligencias judiciales se acreditó la inexistencia de irregularidades en el proceso y que "el destino al que se dedican los fondos públicos fue asignado por los propios organismos municipales". La querella contra el primer alcalde de Sant Boi tras la restauración de la democracia fue interpuesta en 1997 por un ciudadano de la localidad, Jesús Carranza, quien llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez lo remitió a los juzgados de Sant Boi.
El asunto tiene su origen en la adjudicación, sin mediar concurso público, de un estudio sociológico sobre la población magrebí residente en Sant Boi a la empresa Iniciatives i Programes. Esta empresa carecía entonces de experiencia en este campo, pese a que una de las razones aducidas por el Ayuntamiento para adjudicarle el estudio fue que sí la tenía.
La adjudicación del concurso se produjo en varias fases, que fueron adjudicándose progresivamente a Iniciatives i Programes, de manera que el coste total del informe fue dividido asimismo en otros tantos presupuestos. Ninguno de ellos superó el límite por el que la ley obliga a convocar concursos públicos. La oposición denunció en su momento que el desglose en varias fases del estudio se hizo precisamente para esquivar la normativa.