El Ayuntamiento recalificó ilegalmente suelo para 640 casas en Arroyo del Fresno
El gobierno municipal de Madrid se ha metido en un lío legal. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han declarado "nulo de pleno derecho" un convenio urbanístico por el que el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), recalificó en diciembre de 1997 seis parcelas destinadas a oficinas y centros sociales para construir 640 viviendas en el nuevo barrio de Arroyo del Fresno. El municipio llevó a cabo esta modificación ilegalmente, ya que no consultó a la Comunidad, según el informe regional.
En el pleno municipal de diciembre de 1997 se aprobó recalificar para uso residencia...
El gobierno municipal de Madrid se ha metido en un lío legal. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han declarado "nulo de pleno derecho" un convenio urbanístico por el que el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), recalificó en diciembre de 1997 seis parcelas destinadas a oficinas y centros sociales para construir 640 viviendas en el nuevo barrio de Arroyo del Fresno. El municipio llevó a cabo esta modificación ilegalmente, ya que no consultó a la Comunidad, según el informe regional.
En el pleno municipal de diciembre de 1997 se aprobó recalificar para uso residencial seis parcelas del barrio de Arroyo del Fresno (en el distrito de Fuencarral, al norte de Madrid) que tenían una edificabilidad de 27.000 metros cuadrados. Cuatro de estas parcelas estaban reservadas para que se construyeran oficinas, tiendas y centros comerciales. Las otras dos, en teoría, iban a albergar una escuela y una iglesia.Pero los intereses de la junta de compensación (conjunto de propietarios de los terrenos de este barrio) eran otros, y el Ayuntamiento, por medio de este convenio de diciembre, los aceptó: se desecharon estos usos y se permitió construir en los terrenos 640 viviendas.
La mayoría de las 3.600 familias que ya vivían en 1997 en Arroyo del Fresno (el barrio se empezó a construir en 1994) no estuvieron de acuerdo con el incremento de casas y el consiguiente aumento de habitantes y de coches en la zona. Además, a algunos, las nuevas edificaciones les iban a tapar para siempre las vistas de sus casas. Tras varias reuniones infructuosas con el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, los vecinos decidieron denunciar el caso a la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas han dado la razón a los vecinos.
En un informe fechado el 20 de abril de 2000 y firmado por el jefe de servicio de normativa y régimen jurídico, Ángel Dolla, los técnicos concluyen que "las estipulaciones del convenio urbanístico (...) entre el Ayuntamiento de Madrid y la junta de compensación [de Arroyo del Fresno] del 10 de diciembre son nulas de pleno derecho de conformidad con la ley". La razón: "En el citado convenio se ha producido un cambio de uso terciario a residencial sin haberse tramitado la oportuna modificación del planeamiento". Es decir, el convenio se firmó sin que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, la Constitución urbanística de Madrid aprobada en abril de 1997 y que necesita permiso del Gobierno regional para su modificación. Es más, para modificar esos usos habría hecho falta sacar a información pública el contenido del convenio a fin de que los vecinos afectados pudiesen alegar y protestar por el futuro del barrio en el que residían.
Tras la aprobación del convenio urbanístico por el pleno, el 26 de mayo de 1998, según el escrito de la Comunidad, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Luis Armada, da su conformidad para que se soliciten "licencias de edificación" para esas 640 viviendas. A partir de entonces se empezó a construir las casas. El informe regional señala que este tipo de convenios tiene que limitarse a que las distintas partes pidan el cambio de uso del suelo. Pero lo que no puede hacer un Ayuntamiento mediante un acuerdo de este tipo es cambiar los usos de los terrenos sin modificar el Plan General, para lo que además necesita el visto bueno de la Comunidad de Madrid.
Resultado final
El resultado final del informe llega, pues, varios años después de que empezaran las obras para construir las 640 viviendas. De hecho, buena parte está ya levantada: 540. De éstas, 100 ya están habitadas, y el resto, 440, están terminadas y a la espera de la licencia municipal de ocupación. Sólo un permiso separa a los vecinos de la llave de sus casas. Eso sí, las 640 viviendas están ya vendidas por los promotores.
La asociación de vecinos de Arroyo del Fresno no pretende que se derriben estas viviendas ya levantadas, sino que la Administración -en concreto, el Ayuntamiento- "asuma su responsabilidad en este asunto", según Nacho Paunero, portavoz de esta asociación.
"En ningún caso queremos perjudicar a los vecinos de Arroyo del Fresno que van a ir a esas viviendas o a los que ya están viviendo en ellas. Eso sería absurdo, porque ellos son tan víctimas de lo ocurrido como nosotros de la situación. Pero sí vamos a exigir los locales públicos a los que tenemos derecho todos los residentes de la zona, derechos que han quedado completamente refrendados con el informe de los técnicos de la Comunidad de Madrid", añadió Paunero.
"Vamos a pedir una reunión urgente con el alcalde, José María Álvarez del Manzano, y con el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, para que nos expliquen los muchos efectos negativos que este convenio traerá para el barrio y sus vecinos y sus soluciones", añadió el portavoz de la asociación de vecinos de Arroyo del Fresno. Los residentes de este barrio ya se han manifestado en varias ocasiones para pedir centros culturales y deportivos en la zona que les quitaron con la recalificación de las seis parcelas. Los vecinos aseguran que han recibido promesas de la concejal del distrito, Nieves Sáez de Adana (PP), para construir este tipo de equipamientos.
El PSOE interpelará hoy en la Asamblea de Madrid al Gobierno regional sobre las repercusiones de este informe sobre el futuro del barrio y sobre las medidas que va a tomar la Comunidad de Madrid.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Obras Públicas, Transportes y Urbanismo aseguró ayer, tras conocer el informe de sus técnicos, que aún no ha tomado ninguna decisión sobre la anulación del convenio. "De las medidas que se van a tomar hablaré mañana [por hoy] en la Asamblea de Madrid, después de estudiar detenidamente toda la documentación de este asunto", concluyó.
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