Una juez investiga ya por supuesta prevaricación a los 23 concejales que 'legalizaron' una iglesia

Teresa Chacón, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, investiga la denuncia por prevaricación presentada por el Tribunal Superior de Justicia contra los 23 concejales del Ayuntamiento de Madrid que tramitaron la legalización de la parte de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes construida en una zona prohibida pese a que sobre ella pende una orden judicial firme de demolición parcial. La juez se ha hecho cargo de las pesquisas, y lo previsible ahora, dada la procedencia de las diligencias (una sala compuesta por cinco magistrados), es que cite a estos 23 ediles, según fue...

Teresa Chacón, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, investiga la denuncia por prevaricación presentada por el Tribunal Superior de Justicia contra los 23 concejales del Ayuntamiento de Madrid que tramitaron la legalización de la parte de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes construida en una zona prohibida pese a que sobre ella pende una orden judicial firme de demolición parcial. La juez se ha hecho cargo de las pesquisas, y lo previsible ahora, dada la procedencia de las diligencias (una sala compuesta por cinco magistrados), es que cite a estos 23 ediles, según fuentes jurídicas.

Algo que comenzó como un proceso contencioso-administrativo ha desembocado en un asunto de carácter penal. El Tribunal Superior ordenó deducir testimonio contra estos 23 concejales (entre los que se hallan el alcalde, José María Álvarez del Manzano, y dos ediles de IU) por entender que en el pleno que celebraron el pasado 23 de marzo pudieron prevaricar al tramitar la legalización de un edificio religioso en contra del Plan de Ordenación Urbana de 1985. Los ediles, para eludir una orden de demolición que incluso cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo, optaron en ese pleno por aprobar la realización de un estudio de detalle para ajustar la instalación religiosa al nuevo Plan de Ordenación Urbana de 1997.La Sección Primera del Tribunal Superior, al tener conocimiento oficial del acuerdo municipal y ser informada de que su orden de demolición seguía sin cumplirse, dictó un auto en el que anuló ese acuerdo plenario y, paralelamente, ordenó al secretario del Ayuntamiento que le facilitase los nombres de los 23 ediles que habían votado a favor de legalizar la iglesia. Obtenidos los nombres, dedujo testimonio contra todos ellos por prevaricación, y la semana pasada remitió las diligencias a los juzgados de la plaza de Castilla. Por el turno de reparto de asuntos penales, han correspondido a la juez Teresa Chacón, del Juzgado 39, según fuentes jurídicas. Medios judiciales consultados por este periódico sostienen, además, que no es posible legalizar el templo religioso por la vía de un estudio de detalle. El delito de prevaricación trae aparejadas, entre otras cosas, penas de inhabilitación para ejercer un cargo público, recuerdan los citados medios. Los concejales de IU han indicado que el pleno en el que votaron a favor de legalizar la iglesia fue muy polémico y que, en el contenido de este punto, creyeron, por error, que ya había un acuerdo entre el arzobispado y los vecinos afectados.

Desobediencia

Las consecuencias del incumplimiento de la orden de derribo, cuyo plazo expiró el pasado 18 de marzo, no se detienen ahí. El tribunal ha deducido también testimonio por delito "de desobediencia" contra el gerente de Urbanismo, Luis Armada, la persona a la que se ordenó el derribo de la iglesia, en concreto la parte adyacente al solar sobre el que se eleva el altar mayor (la iglesia ha sido desacralizada). Y, aparte de deducirle testimonio, el tribunal le impuso, a comienzos de mes, una multa de 250.000 pesetas con la advertencia de que le iría poniendo sucesivas multas de esa cuantía por cada 20 días que transcurran sin que se ejecute la orden. Armada ha presentado un recurso contra la primera multa ante el mismo tribunal, que en cuestión de días le contestará. En su recurso, el gerente de Urbanismo argumenta que el incumplimiento del derribo obedece "a razones ajenas a la Gerencia de Urbanismo", y asegura que ha sido imposible ejecutarlo porque, en las dos ocasiones en que se ha desplazado la piqueta municipal al templo, "más de trescientos" feligreses lo han impedido. Según Armada, la última vez, el 16 de marzo, las máquinas de demolición se retiraron siguiendo instrucciones de la Policía Municipal.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, ha manifestado que la multa, si se confirma, se pagará de las arcas municipales. Fuentes jurídicas afirman que se trata de una multa personal y que abonarla del presupuesto municipal puede constituir un delito de prevaricación y otro de malversación.

El tribunal, en distintos autos, ha reprochado al Ayuntamiento su falta de "voluntad" para acatar la orden, y le ha recordado que dispone de autorización para emplear los medios coactivos necesarios. Incluso ha llegado a sugerir que existe una connivencia entre el Ayuntamiento y el Arzobispado, dueño del templo, para dilatar el cumplimiento de la orden.

Los jueces han ordenado la demolición parcial de esta iglesia porque se contruyó, en 1988, a menos de siete metros de un edificio de 14 pisos y en contra de las distancias mínimas entre edificios que establecía el planeamiento urbanístico de 1985. Dos vecinos del inmueble acudieron a los tribunales alegando que la escasa distancia entre la pared trasera del templo y la frontera del bloque de viviendas impedía la luz solar, lo que les obliga a usar luz artificial. El Arzobispado de Madrid, dueño de la iglesia, ha indicado que tan corta distancia se debe a que parte del bloque de pisos se construyó sobre suelo de su propiedad.