El Parlament obliga a Trabajo a incrementar el control de los fondos de empleo

El Parlament aprobó ayer por unanimidad una moción del Grupo Socialista para incrementar los mecanismos de control de los fondos de formación para el empleo que otorga el Departamento de Trabajo y que el pasado año ascendieron a 23.840 millones de pesetas. A partir de ahora serán las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) -antiguo Inem- las encargadas de verificar este tipo de ayudas y el resto de políticas activas destinadas a los parados.El objetivo de la moción del Partit dels Socialistes (PSC) es acentuar y descentralizar la tarea fiscalizadora sobre los fondos de empleo para impedir ...

El Parlament aprobó ayer por unanimidad una moción del Grupo Socialista para incrementar los mecanismos de control de los fondos de formación para el empleo que otorga el Departamento de Trabajo y que el pasado año ascendieron a 23.840 millones de pesetas. A partir de ahora serán las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) -antiguo Inem- las encargadas de verificar este tipo de ayudas y el resto de políticas activas destinadas a los parados.El objetivo de la moción del Partit dels Socialistes (PSC) es acentuar y descentralizar la tarea fiscalizadora sobre los fondos de empleo para impedir posibles irregularidades como las advertidas en los últimos años. Un juez de Barcelona está investigando el presunto desvío de estas ayudas para financiar Unió Democràtica, partido que siempre ha dirigido el Departamento de Trabajo. Además, el PSC ha denunciado en numerosas ocasiones que la mayor parte de academias que recibieron subvenciones pertenecen a militantes y simpatizantes de la formación democristiana.

A partir de ahora serán las OTG las que participen y controlen la asignación y el uso de las ayudas para la instrucción de parados y para que los cursos de formación se adecuen a las necesidades del mercado laboral de su zona geográfica. La moción también implica que los sindicatos y las patronales colaborarán más activamente en la asignación de las ayudas que la Generalitat recibe de la Unión Europea.

Mociones rechazadas

El Departamento de Trabajo tendrá que crear, antes de finales de agosto, el Consejo Catalán de la Formación Profesional para coordinar las políticas de formación de personas en paro. El Parlament ya aprobó la creación de este organismo en 1998, mandato que el Gobierno de CiU ha desoído reiteradamente.

En su intervención en el Parlament, el socialista Josep Maria Rañé defendió la necesidad de que el Departamento de Trabajo descentralice el control de los fondos para "evitar caer en la burocratización y paralizar el sistema" y coordine los cursos para los parados con la enseñanza de la Formación Profesional, tal como el Círculo de Economía ha solicitado en un informe .

Por su parte, Enric Millo, de Convergència i Unió, rechazó la propuesta del PSC de crear el Servicio Catalán de Empleo. Esta iniciativa fue derrocada por los votos de la coalición nacionalista y de sus socios del Partido Popular. No obstante, fue la parlamentaria del PP Alicia Sánchez Camacho quien se mostró más crítica con el funcionamiento de la formación para el empleo y lo llegó a calificar de "caso".

Los votos de CiU y PP también sirvieron para rechazar una enmienda de Iniciativa per Catalunya para que el futuro Servicio Catalán de Empleo funcionara como un sistema integrado de ofertas y demandas de trabajo.